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Ciberseguridad

SIGNIS ALC

14 marzo 2016

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América Latina y Caribe deben realizar mayores esfuerzos en ciberseguridad

La región es el cuarto mayor mercado móvil del mundo.

Los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) hicieron un llamado a los países de América Latina y el Caribe a acelerar sus esfuerzos en ciberseguridad.  El pedido lo hicieron luego de que se presentara un nuevo estudio elaborado por ambas instituciones con el apoyo de la Universidad de Oxford que muestra que la región es altamente vulnerable a ciberataques potencialmente devastadores.

 

El Informe Ciberseguridad 2016, ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe revela que cuatro de cada cinco países de la región no tienen estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructura crítica. Dos de cada tres no cuentan con un centro de comando y control de seguridad cibernética. La gran mayoría de las fiscalías carece de capacidad para perseguir los delitos cibernéticos, entre otras carencias.

 

El informe analiza el estado de preparación de 32 países basado en 49 indicadores. Es la primera radiografía profunda del nivel de preparación de América Latina y el Caribe ante la creciente amenaza del cibercrimen.

 

Uruguay, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Trinidad y Tobago se encuentran en un nivel intermedio de madurez pero lejos de países avanzados como Estados Unidos, Israel, Estonia y la República de Corea.

 

“Este informe es un llamado de acción para proteger a nuestros ciudadanos y nuestra infraestructura clave del siglo XXI”, dijo el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. “Nuestra región llegó tarde a la Revolución Industrial. No podemos perdernos la oportunidad que nos abre la revolución digital. Por ello, la ciberseguridad tiene que ser una prioridad”.

 

El Secretario General Adjunto de la OEA, Nestor Mendez, enfatizó que el ciberespacio forma cada vez más parte integral de las vidas cotidianas de la gente de las Américas, y es imprescindible para su pleno desarrollo. “Por eso tenemos que ver la seguridad cibernética como cualquier otra forma de seguridad: un tema de altísima prioridad para nuestros pueblos, sin la cual nos exponemos a pérdidas potencialmente catastróficas. En este contexto, nuestro lema de ´más derechos para más gente´ se traduce en nuestro compromiso de seguir trabajando para fortalecer las capacidades de nuestros países para proteger las personas, las economías, y la infraestructura crítica de nuestra región”.

 

Los riesgos de abusos aumentan a medida que América Latina y el Caribe se incorpora a la revolución digital. La región es el cuarto mayor mercado móvil del mundo. La mitad de la población usa el Internet. Hay países en América Latina que procesan el 100% de sus compras gubernamentales por vía electrónica. Los riesgos se multiplicarán con el advenimiento de la “Internet de las cosas”, donde ya no sólo estarán interconectadas las computadoras sino un universo de máquinas y sensores inteligentes, controlando virtualmente todo lo que usamos a diario.

 

Esta evaluación de la madurez de las políticas de seguridad cibernética incluye 49 indicadores distribuidos en cinco áreas: política y estrategia, cultura y sociedad, educación, marco legal y tecnología. El informe incluye fichas técnicas de todos los países y analiza elementos clave como el estado de las legislaciones y la capacidad de los países de responder a incidentes.

 

En 16 países la capacidad de respuesta a incidentes no es coordinada. Únicamente 4 países de la región superan el nivel intermedio de madurez en este aspecto.

 

Apenas seis países de la región cuentan con un programa estructurado de educación en seguridad cibernética, que incluye estabilidad presupuestaria así como mecanismos de investigación y transferencia de conocimiento.

 

El informe también contó con la colaboración del Center for Strategic International Studies, la Fundación Getulio Vargas, la organización FIRST, el Consejo de Europa, Potomac Institute y el Foro Económico Mundial.

 

Fuente: OEA

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