Según una denuncia presentada recientemente por los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), efectivos del ejército hondureño habrían atacado en reiteradas ocasiones al personal de la Radio Comunitaria Dignidad, durante el 2015 y 2016. A pesar de que el comunicador y coordinador de esta asociación civil, Martín Fernández Guzmán, es beneficiario de medidas cautelares, dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es una de las víctimas de los ataques que habrían cometido elementos del ejército.
La última denuncia ha sido interpuesta el 27 de abril pasado ante la Fiscalía y ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Según el escrito, “Se denuncian comportamientos que violentan el derecho humano a la libertad de pensamiento, libertad de expresión, la seguridad personal y ponen en riesgo la vida de militantes del MADJ”.
En la denuncia, el MADJ solicita que se investigue al comandante del Cuarto Batallón de Infantería de La Ceiba; al jefe local de la Policía de La Másica, Atlántida; al jefe de la Fuerza Aérea en la zona y a los funcionarios del gobierno central.
Asimismo, a funcionarios de varias municipalidades del departamento de Atlántida a quienes pudieran incomodar las acciones del MADJ, del Coordinador General, y de los militantes de la organización y de la emisora comunitaria, Radio Dignidad.
El MADJ demanda investigar, además, a las sociedades mercantiles beneficiarias o que pretenden ser beneficiadas de concesiones mineras y de aguas nacionales para generar energía en el departamento de Atlántida, a los cuales el MADJ les ha plantado rigurosa y sostenida oposición.
“Dichas amenazas surgen por abordar de forma crítica dentro del programa temas como la secretividad de las diligencias investigativas en el caso del asesinato de la líder indígena y luchadora social Berta Cáceres Flores, sobre la audiencia de trabajo en el caso de las medidas cautelares dictadas por la CIDH para el COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo de abogados que les representa, la concesión del Río Zapote, los actos de corrupción dentro del gobierno, el caso Rafael Callejas y Alfredo Hawit por aceptar sobornos para la venta de derechos de transmisión siendo presidente de la FENAFUTH y CONCACAF respectivamente, entre otros asuntos que se debaten en el desarrollo del programa”, establece la denuncia.
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