Derrames petroleros en Amazonía
El próximo 9 de junio, en el marco de su 158 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se expondrá sobre las afectaciones a los derechos humanos de las comunidades nativas a causa del grave deterioro del Oleoducto Norperuano. La audiencia fue solicitada por Galo Vásquez, apu de la comunidad nativa de Cuninico, Edwin Montenegro, presidente de la organización regional amazónica ORPIAN, y Wrays Pérez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis.
La solicitud contó con el apoyo del Vicariato de Iquitos, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Grave afectación a los derechos humanos
En junio de 2014, más de dos mil 500 barriles de petróleo se derramaron en la quebrada de Cuninico, cerca de la comunidad nativa del mismo nombre, en el distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto. La causa: el grave deterioro de un tramo del oleoducto operado por la empresa estatal Petroperú.
El vertido no solo afectó a Cuninico sino también a otras comunidades vecinas. Una reciente visita a la zona por parte de organizaciones de la sociedad civil y de la iglesia, dio cuenta de que no se limpió adecuadamente la zona por lo que aún se pueden ver restos de hidrocarburo en el agua.
El mismo año, en noviembre, se produjo un derrame en la comunidad de San Pedro, en la cuenca del Marañón, Loreto, a pocas horas de la comunidad San José de Saramuro. Según resalta el IDL, a diferencia de Cuninico este derrame no está siendo investigado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Más tarde, en enero y febrero de 2016, se reportaron dos nuevos derrames. El primero en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas; y el segundo en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, región Loreto.
En el caso de Amazonas se derramaron cerca de tres mil barriles de petróleo, los mismos que llegaron hasta el río Chiriaco. El hecho causó gran conmoción en diversos medios de comunicación. En el marco de las tareas de limpieza, organizaciones indígenas y civiles denunciaron el uso de menores de edad por parte de Petroperú.
En el caso de Morona, se derramaron alrededor de mil barriles. Cuando habían pasado varios días, el propio Ministerio de Energía y Minas reconoció que no disponía de información sobre el tema. La ayuda en alimentos llegó tarde y, al igual que en Amazonas, en cantidades insuficientes.
La población de las comunidades afectadas por derrames muchas veces tiene que tomar agua de lluvia y en muchos casos comen pescado con hidrocarburos altamente tóxicos.
En cuanto a atención médica, carecen de la más idónea. Incluso organismos del propio Estado han llegado a ocultarles información sobre su verdadero estado de salud. A estos perjuicios se suma el daño que se genera a su modelo de desarrollo y sustento basado en la pesca. Menos aún son compensados por los daños ocasionados.
Fuente: SERVINDI
