Condena a 11 campesinos
La justicia paraguaya dictó sentencia condenatoria en contra de 11 personas acusadas de haber participado en el caso de la masacre de Curuguaty. De las 11 personas, cuatro recibieron las más altas condenas por homicidio doloso agravado, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
El Tribunal de Sentencia declaró culpable a Rubén Villalba, condenado a 30 años de cárcel por asesinato, mientras que Luis Olmedo fue condenado a 20 años y Néstor Castro y Arnaldo Quintana a 18 años, todos ellos en calidad de coautores de homicidio.
Mientras tanto, las tres mujeres acusadas fueron condenadas a 6 años de prisión por ser consideradas cómplices de homicidio, mientras que el resto de acusados fueron sentenciados a 4 años de prisión por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
Líderes sociales y campesinos rechazan la sentencia
Al menos 70 personas manifestaron su indignación tras conocer la sentencia y tomaron la ruta “Las Residentas”, al tiempo que lamentaron la parcialidad de los jueces, informó el diario ABC de Paraguay.
“Esto no nos va a amilanar, seguiremos luchando, vamos a seguir manifestándonos por los derechos de los pobres. Estos jueces son todos unos corruptos al igual que el gobierno de Horacio Cartes”, aseveró el líder campesino Mario Espínola.
Entre tanto, previo a la instalación del Tribunal para la audiencia de juzgamiento, la Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay expresó su solidaridad con los campesinos, los policías, víctimas de la Masacre de Marina Kue, especialmente con los once campesinos acusados en una causa judicial confusa, tendenciosa y parcializada. En un comunicado público, la ACCP señaló que con el impulso del papa Francisco, cuando invitó a “tener un corazón solidario, a saber lo que pasa en nuestro pueblo, de lo contrario nuestra fe está muerta” y exigió que el Tribunal de justicia “no condene a personas inocentes” y pidió la “absolución de los campesinos acusados en la causa”
La masacre de Curuguaty ocurrida el 15 de junio de 2012 se produjo cuando un grupo policial paraguayo desalojó un colectivo de campesinos que ocupaban una finca para la producción agrícola, llamada Campos Morombu, a solicitud del Ministerio del Interior.
La oposición del país atribuyó a priori la responsabilidad de lo acontecido al expresidente Fernando Lugo, lo cual fue usado como argumento para un juicio en el Congreso del país que terminó en la destitución del mandatario.
El desenlace fue denunciado en varias instancias del país y fuera de él por quienes lo calificaron de golpe de Estado parlamentario.
El juicio ha sido severamente criticado porque solo fueron encausados los campesinos imputados por el deceso de los agentes, mientras que ninguna autoridad involucrada ni las circunstancias de la caída de los labriegos fue investigada.
Fuente: TeleSur/ ACCP.
