Entre las organizaciones que respaldan a los pobladores de San Miguel se cuentan la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Centre de la Universidad de Ottawa, Estados Unidos, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEl).

Cabe recordar que en el mes de mayo pasado, la localidad logró detener los trabajos de la minera canadiense bajo el argumento del daño ecológico provocado a la zona.

Ante el problema, los indígenas de esa zona interpusieron un segundo amparo, en el que además piden a la SCJN que analizara la Ley Minera, porque estos trabajos violaban los derechos de los campesinos, quienes aseguraron que continuarán en la lucha de la defensa de sus tierras.

Pese a esto, la secretaría de Economía declaró libertad de terreno, con lo que se abrió la posibilidad de que mineras puedan expropiar los terrenos de la comunidad.

Los organismos defensores señalaron que la población de San Miguel se encuentra inconforme, pues no fueron consultados por el Estado para emitir la declaratoria de la SE.

La abogada de Tlachinollan, Maribel González Pedro consideró que es importante luchar contra esta grave violación a los derechos humanos porque no se consultó a los indígenas y no se les informó del otorgamiento de concesiones.

Manifestó que el amparo fue resuelto por el juez primero de Distrito de Chilpancingo, que en febrero del 2014 otorgó el amparo a la comunidad, declarando que se habían violentado los derechos de los pueblos indígenas.

La declaratoria que emitió la SE indica que el territorio de San Miguel del Progreso nuevamente se pone en oferta para que otras empresas mineras puedan disponer de los mismos lotes, lo que abre la posibilidad de que otras empresas pidan concesiones.

Por ello los indígenas hicieron un llamado a la Suprema Corte para que analice el problema, de lo contrario dejarían en total desprotección a la comunidad, que entrarían en la dinámica de presentar amparos cada vez que se otorgue su territorio.

Por último, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, externó que se entregó un documento Amicus Curiae ante el Juzgado Primero del vigésimo primer circuito en Guerrero, con la intención de apelar la resolución de la SE en donde no fue consultado el pueblo.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros