Redacción SIGNIS ALC.

Quito, Ecuador

Quito, Ecuador.– Cinco Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionaron el inicio del procedimiento de disolución al que ha sido sometida la ONG ecuatoriana Acción Ecológica.  Según señalan, el Gobierno de Ecuador parece estar disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado críticas o “desafían la ortodoxia del gobierno”.

En el pronunciamiento manifiestan que esta “estrategia para asfixiar a la sociedad civil se ha implementado a través de dos decretos -16 y 739- que otorgan a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización”.

Los expertos en Derechos Humanos de la ONU advirtieron que “las consecuencias directas son el silenciamiento progresivo de cualquier grupo que desafía o ofrece ideas alternativas a las del gobierno y por lo tanto reducir la visibilidad de la situación de las personas vulnerables y marginados”.

“Es irónico”, añadieron, “que el mismo Gobierno de Ecuador que lidere el esfuerzo internacional positivo para hacer que las empresas rindan cuentas a través de un tratado vinculante, esté reduciendo el espacio para ser responsabilizado por grupos domésticos”.

El pasado 18 de diciembre de 2016, la Fundación Acción Ecológica pidió una Comisión de Paz y Verdad para analizar los atentados contra los derechos indígenas y ambientales que se producen en medio de las acciones de defensa de su territorio que hicieron los indígenas shuar que se oponen a los proyectos mineros en sus tierras ancestrales. Dos días después, el Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de disolución, dándole al grupo 24 horas para responder y diez días para presentar pruebas de defensa.

“Esta última acción viola una vez más las normas internacionales de derechos humanos, incluido el ejercicio legítimo de la libertad de asociación. Muestra la constante desatención a las repetidas peticiones de la comunidad internacional para poner fin la política”, sostuvieron los expertos.

“Disolver grupos es el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación”.

Los Relatores de la ONU exhortaron a las autoridades ecuatorianas a garantizar que todos los miembros de grupos, en particular los que defienden los derechos humanos, puedan ejercer plenamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluyendo su capacidad de criticar las políticas y prácticas gubernamentales.

Anteriormente los expertos en Derechos Humanos de la ONU censuraron al gobierno por disolver grupos como ‘Pachamama’ y la ‘Unión Nacional de Educadores’, y también han intentado cerrar la ONG ‘Fundamedios’ en los últimos tres años.

Los Relatores Especiales de la ONU renovaron una oferta de asistencia técnica al Gobierno Ecuatoriano para reformar la legislación restrictiva vigente.

No obstante el gobierno ecuatoriano ha cuestionado el pronunciamiento y ha considerado que es inaceptable aseverar que “está disolviendo sistemáticamente las organizaciones, señalar que se desarrolla una “estrategia de asfixiar a la sociedad civil” y calificar la legislación ecuatoriana vigente como “restrictiva”, información que lo afecta políticamente, al tiempo que deslegitima, según él, los mandatos mismos de los Relatores.