Washington, EEUU.- En una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que tuvo lugar la mañana de este viernes 17 de marzo, en Washington, los representantes de los pueblos amazónicos Awajun Wampis, de Perú; Tundayme, de Ecuador, y Jaminawa Arará de Brasil, denunciaron la violación de su derecho al territorio. Los líderes indígenas acompañaron la delegación de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, que en la Audiencia dio cuenta de los graves impactos que el extractivismo y otras actividades legales e ilegales en la Amazonía, han tenido y tienen en perjuicio no sólo del ambiente y los recursos naturales, sino también de los derechos humanos de las poblaciones locales, indígenas y no indígenas, en especial, su derecho al territorio.

En el informe entregado a la CIDH, la REPAM solicitó a la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos “que evalúe la posibilidad, a través de la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, de elaborar y publicar un Informe temático sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas. Consideramos que dicho documento sería una herramienta jurídica muy útil para la promoción y defensa, a nivel nacional e internacional, de las comunidades indígenas y no indígenas de la Amazonia”.

De igual manera, la REPAM exige que los Estados amazónicos respeten el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, y que los Estados garanticen la demarcación de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas.

De acuerdo al informe presentado a la CIDH por Mauricio López, secretario ejecutivo de REPAM, el Derecho al territorio no se limita a la adjudicación de tierras, este derecho parte de la cultura que un pueblo o comunidad identifica en su espacio donde se desarrolla sus actividades cotidianas. Así como el territorio señala una relación con el hábitat, también se extiende a una interpretación de la productividad humana ya sean para obtener recursos naturales o crear nuevas formas de producción.

Finalmente la Red Eclesial Panamazónica, constatando que existe una preocupación sobre el marco normativo para la protección de los derechos de los y las campesinas afirma que urge un tratamiento específico para levantar estándares que vinculen su derecho colectivo al territorio reflejado en el ejercicio de su derecho a la vivienda adecuada y de otros derechos fundamentales como el de identidad cultural.