Un Tribunal de Mujeres Panamazónicas Andinas, que se reunirá los días 29 y 30 de abril, en el marco del VIII Foro Social Panamazónico, FOSPA, en Tarapoto, pondrá sobre el tapete los impactos del modelo económico capitalista extractivista y el patriarcado, sobre la vida, los cuerpos y territorios, de  mujeres de  diferentes países de América Latina y el Caribe. El Tribunal Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres sacará de la invisibilidad las resistencias, luchas y propuestas de las mujeres en defensa de sus territorios y bienes naturales como el agua y los bosques, y evidenciará el patrón de vulneración de sus derechos por parte del actual modelo hegemónico que organiza la economía, el comercio exterior, el modo de consumo y las relaciones entre mujeres y hombres.

La represión hacia las mujeres en zonas de conflicto socio ambiental, especialmente contra las defensoras de derechos; el incremento de la trata con fines de explotación sexual en áreas con actividades extractivas, al igual que la violencia sexual y los embarazos forzados de menores, son algunos de las vulneraciones que las mujeres indígenas andinas, indígenas amazónicas, mestizas viven en sus propios cuerpos sin que se les haga justicia.

El Tribunal busca develar esta realidad de vulneración de derechos humanos y ambientales con la presentación de testimonios de cuatro lideresas de la panamazonía, de Brasil, Chile, Ecuador y Perú, y de los casos emblemáticos de la activista indígena  hondureña asesinada Berta Cáceres, y de la peruana Maxima Acuña, quien resiste el acoso de la minera Yanacocha.

Las tres juezas del tribunal serán la docente universitaria coordinadora del grupo de investigación Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil, Rita Segato; la abogada especialista en derechos humanos integrante del Comité de Expertas de CEDAW, Gladys Acosta; la lideresa indígena amazónica del pueblo yanesha Teresita Antazú, y la representante de la Articulación Feminista Marcosur, la activista Lilian Celiberti.

Ellas, en su condición de juezas del Tribunal, emitirán un veredicto señalando las responsabilidades del Estado y empresas y otros actores en la vulneración de los derechos de las mujeres, e indicandolas recomendaciones a distinto nivel para hacer justicia y evitar la repetición de los hechos violatorios.

El Tribunal, de carácter ético político, otorgará justicia simbólica a las mujeres de América Latina ante la sistemática vulneración de sus derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales por parte de empresas transnacionales y los Estados que no actúan para sancionar a las entidades responsables ni toman acciones de reparación y no repetición.

Los casos que se presentarán en el Tribunal contribuirán a sacar de la invisibilidad estos impactos y permitirán a las juezas que lo integran emitir un veredicto señalando las responsabilidades de los distintos sectores, y las recomendaciones para corregir y no repetirlos más.

Caso Perú: será testimoniado por la lideresa amazónica Beatriz Caritimari. Ella denunciará la forma inconsulta en que el gobierno y empresas transnacionales impulsaron el megaproyecto para construir la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos, sin consulta previa y con un informe negativo de impacto ambiental. La obra afectaría los territorios de 14 distritos y 6 provincias dañando la biodiversidad, deforestando y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades. En ese contexto, las mujeres resultan expuestas a mayor violencia sexual, trata, embarazos forzados y se ven privadas de sus medios de vida.

Caso Brasil: Daniela Silva, del Movimento Xingú Vivo para Siempre, presentará la resistencia de las mujeres a la construcción del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, en el río Xingú, región de Altamira, estado de Pará. Ellas fueron las primeras en insurgir contra el megaproyecto desde 1970 y posteriormente en el 2009 y hacia adelante, denunciandosus gravísimos impactos socioambientales. El proyecto que evidenció la corrupción entre empresas constructoras y gobierno y se inauguró en el 2016, ha desplazado a miles de familias de sus territorios, generado exterminio cultural, destruido ecosistemas y modos de vida tradicionales, e incrementado las violencias hacia las mujeres, como prostitución y explotación sexual de niñas y adolescentes.

Caso Ecuador: mujeres y  niñas fueron desplazadas de sus comunidades Shuar por las fuerzas policiales el año pasado para favorecer en sus territorios la  explotación minera a cielo abierto de la empresa  San Carlos Panantza, filial de la compañía china Tongling Nonferrous Metal Groups y CRCC. Una representante del Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador testimoniará sobre esta militarización de la Amazonía para abrir paso a mega proyectos extractivos, y los impactos en las vidas de las mujeres y comunidades.

Caso Chile: Lorenza CayuhanLlebul, de la comunidad mapuche Ahuidanche, fue obligada a dar a luz en un centro público de salud con los tobillos engrillados a la camilla y ante la presencia de dos gendarmes, siendo víctima de hechos que Naciones Unidas considera tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. Ella estaba detenida en un penal desde setiembre del año pasado y en octubre es trasladada al hospital para una cesárea. Los gendarmes vieron como era desnudada para los exámenes y uno de ellos se quedó en la operación. Lo vivido por Lorenza fue un atentado a su dignidad, integridad y derechos reproductivos y se presentará en el Tribunal por una compañera de su comunidad.

Casos emblemáticos

Son el de Berta Isabel Cáceres Flores, lideresa indígena lenca y feminista hondureña, asesinada en marzo del 2016 por su defensa de los recursos naturales y derechos de los pueblos indígenas. Ella había liderado una movilización para impedir la presa de Agua Zarca que afectaría al río Gualcarque, considerado sagrado por los pueblos indígenas.  Logró que se retiraran los capitales extranjeros quedando a cargo la empresa  Desarrollos Energéticos SA, la que fue responsabilizada por el asesinato.

Y el de Máxima Acuña de Chaupe, comunera cajamarquina de la sierra norte peruana, quien desde el 2011 defiende sus tierras del consorcio minero Yanacocha que la acosa permanentemente para desalojarla y explotar el oro del subsuelo. La empresa dice ser propietaria del terreno de Tragadero Grande ubicado a 4,000 msnm y la denunció por usurpación agravada, delito del que fue absuelta judicialmente.

El Tribunal lo impulsan organizaciones de mujeres de la región a través de la Articulación Feminista Marcosur con presencia en 13 países, por el Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático, Diakonía, y las instituciones Centro Flora Tristán, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Demus.

El Tribunal se desarrollará en el auditorio de la Universidad Nacional San Martín, sede el VIII FOSPA, los días sábado 29 y domingo 30 de abril de 6.00 – 9.00pm.

Más información se puede revisar en el sitio oficial del FOSPA