La democratización del espectro radioeléctrico, que permita la promulgación, protección y regularización de las emisoras de carácter comunitario, es una de las principales deudas que el Estado de Guatemala mantiene con los pueblos originarios. A desconocimiento estatal se suma el rechazo de la Cámara de Radiodifusión, que aglutina a los empresarios de las grandes corporaciones radiales que, a través de una serie de campañas, ha buscado desinformar y criminalizar la función de estos medios comunitarios.
Este es un tema que se ha discutido en numerosos espacios por más de una década, incluido el Congreso de la República donde fue presentada una iniciativa de ley en 2009, y una de las recomendaciones formuladas a Guatemala durante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado en octubre del 2012 en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin embargo cada vez parece más difícil de concretar.
Durante la evaluación, Noruega recomendó al Estado dar seguimiento a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la cual insta al Organismo Legislativo a modificar la normativa relacionada al acceso de las poblaciones indígenas a las radiofrecuencias para promover, desarrollar y difundir sus lenguas, tradiciones y otras expresiones culturales, y reformar la Ley de Telecomunicaciones para garantizar el correcto y libre funcionamiento de las radios comunitarias; esta fue una de las recomendaciones en materia de derechos humanos que Guatemala aceptó cumplir en esa ocasión.
Sin embargo, un año después el Congreso ignoró las recomendaciones formuladas durante el EPU así como la resolución de la máxima corte y aprobó de forma expedita modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones, con las cuales aumentó el periodo de usufructo del espectro radioeléctrico de 15 a 20 años, el cual podrá prorrogarse por un periodo igual sin que el Estado reciba pago alguno.
Actualmente, la normativa nacional contempla como única vía para acceder a una frecuencia la subasta, un mecanismo antidemocrático y excluyente, como lo han señalado en numerosas ocasiones la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los Relatores para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas.
Para las comunidades resulta imposible competir con las grandes corporaciones, quienes han pagado elevadas sumas para acceder a una frecuencia comercial.
Aunque en 2002 la CC suspendió el proceso de las subastas, el Estado continúa sin reconocer a las radios comunitarias ni legislar a su favor, como lo evidenció el Congreso en noviembre del 2012 con las reformas a la Ley de Telecomunicaciones.
Entre las recomendaciones se encuentran que el Estado adopte la Ley de Telecomunicaciones a los estándares internacionales vigentes y no se privilegien criterios económicos en la asignación de frecuencias.
Fuente: Cerigua
