Tegucigalpa, Honduras.- Varias comunidades y municipios localizados en los márgenes del río Ulúa corren el riesgo de desaparecer por inundación a consecuencia de la construcción de la segunda represa hidroeléctrica más grande del país. Según alerta el presidente de las comunidades indígenas Lencas, Juan Carlos Cerros, el desbordamiento de las aguas de la represa podría inundar unas mil 400 manzanas de tierra fértil se “provocando la muerte de nuestros animales y comunidades”. En opinión del dirigente indígena, la construcción de la central hidroeléctirca “El Tornillito”, propiedad de la familia Larach, amenza con afectar a los municipios de Chinda en Santa Bárbara, Villanueva, San Antonio y Pimienta, en el departamento de Cortés.

 

El Estado de Honduras otorgó a la empresa Hidroeléctrica El Volcán HIDROVOLCÁN, de Adolfo Carlos Larach, la concesión de un proyecto hidroeléctrico para la generación de 150 megas; es decir la mitad de lo que ofrece la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, mejor conocida como “El Cajón”. El Tornillito será una presa mixta de concreto, con una elevación de 107.5 metros y una longitud de 481, su altura ronda los 83.5 metros.

 

Entre los municipios de Villanueva y Pimienta se ubicará la cortina y el plantel principal del proyecto pero el embalse abarcará los municipios de San Antonio en Cortés y Chinda en Santa Bárbara. “Se va a inundar el casco urbano de Chinda y el cementerio, imagínese que hasta los muertos se van a ahogar”, dijo Reyneiro Rápalo, habitante de Pueblo Nuevo en Chinda.

 

En 2012, el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 26-2012, aprobó el contrato energético entre la Secretaria de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente y la empresa hidroeléctrica, basándose en la Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales y la Ley de Promoción de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Naturales.

 

Todo este proceso se dio sin consultar a las comunidades de Cortés y especialmente de Santa Bárbara, donde están asentadas comunidades indígenas Lencas que cuentan con su título ancestral. “El Estado al no consultarnos nuevamente es violador del Convenio 169 de la OIT”, dice Juan Carlos, quien ha mostrado los documentos originales que les certifica como pueblo originario.

 

Las comunidades se oponen a la construcción de proyectos hidroeléctricos porque conocen ejemplos como el de Aguacatales en el departamento de La Paz, donde hace algunos años la diputada Gladys Aurora, vice presidenta del Congreso Nacional, llegó con cientos de promesas de prosperidad a cambio de instalar una represa hidroeléctrica. Al final lo logró, instaló su proyecto, pero las comunidades se quedaron sin río y sin tener acceso al agua.

 

Autodeterminación 

 

Con la presencia de representantes comunitarios, Chinda se declaró libre de proyectos hidroeléctricos en febrero de 2017. La región occidental de Honduras, donde se ubica este pequeño municipio vive bajo la amenaza constante de represas y empresas mineras.

 

El departamento de Santa Bárbara es una de las regiones más codiciadas por el capital internacional que se dedica a este tipo de proyectos, en este caso el municipio de Chinda está en la lista de los inversionistas y en la actualidad sufre amenazas de desaparecer por la construcción de la represa “El Tornillito”, sobre el río Ulúa.

 

Aunque Chinda se haya auto declarado libre de proyectos extractivistas, los municipios de San Antonio, Pimienta y Villanueva en Cortés no, lo que hace más vulnerable la situación para las comunidades de Santa Bárbara, que se niegan a perder las tierras donde cultivan maíz, frijoles, hortalizas y sandías.

 

A raíz de la lucha que está emprendiendo la población las amenazas y hostigamientos han comenzado. Juan Carlos Cerros presidente de las comunidades indígenas fue capturado el 30 de julio por la policía de Chinda que llegó hasta su propiedad. Juan Carlos está obligado a firmar en los juzgados una vez por semana. “He recibido llamadas donde me dicen que me van a matar por estar en la lucha”, afirma Juan Carlos Cerros, asegurando que las comunidades no van a permitir la instalación de la represa.

 

Recientemente la organización Británica Global Witnees, presentó un informe donde refleja que Honduras registra 14 líderes ambientalistas asesinados en 2016, sin contar los no reportados. Para este organismo internacional, el país es el más peligroso para los defensores del ambiente, porque la mayoría enfrenta procesos criminales o son asesinados.

 

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