La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan, en México. En un pronunciamiento público, la Relatoría instó a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables del crimen, tanto materiales como intelectuales, y esclarecer su posible relación con la actividad periodística.
El 22 de agosto, el comunicador fue víctima de un ataque con arma de fuego en Covarrubias, estado de Veracruz, perpetrado por al menos tres individuos, en circunstancias en que el periodista se encontraba junto a otros dos hombres quienes también fallecieron. Con larga trayectoria en el periodismo de investigación, el comunicador estaba bajo protección del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de México desde julio de 2013 y recibía asistencia jurídica de la Comisión Estatal de Protección de Periodistas de Veracruz desde 2012, cuando interpuso una denuncia por amenazas de muerte contra el exalcalde de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez.
Según información de público conocimiento, el 26 de octubre de 2016 el periodista remitió una comunicación a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) y al Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos en la cual denunció diversas agresiones y amenazas en su contra perpetradas por Gómez Jiménez desde 2001. Días antes de la muerte de Ríos, Gómez Jiménez publicó en redes sociales un video en el cual profiere distintas amenazas contra el periodista.
De acuerdo con información suministrada por el Estado, la Feadle inició una carpeta de investigación el mismo 22 de agosto con motivo del homicidio en agravio de Cándido Ríos Vásquez. El Estado de México también informó que la Feadle continuará con la investigación.
La Relatoría Especial exhorta al Estado a investigar de manera completa e imparcial la hipótesis según la cual el crimen estaría relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. También considera fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.
Para más información se puede contactar con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
cidhexpresion@oas.org
