La pandemia de COVID-19, que se expandió por el mundo, afectó y puso en riesgo el periodismo en las Américas, agravando los desafíos y problemáticas preexistentes. Numerosos periodistas y trabajadores de la prensa perdieron la vida en el ejercicio de su profesión debido al COVID-19 y, en algunos países, las y los reporteros perdieron su trabajo. Estas son, entre otras, las consecuencias de la pandemia en el periodismo en el continente americano, según destaca el Informe Anual 2020 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, que fue presentado en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Según el Informe, la pandemia también acentuó las condiciones de informalidad laboral para los trabajadores de medios de comunicación. Durante los meses de cuarentena, la crisis económica de los medios de comunicación desencadenó medidas laborales drásticas, como despidos de periodistas, cierre total de medios o suspensión de ediciones impresas. La pandemia representó también una amenaza a la independencia editorial de los medios porque aumentó la vulnerabilidad frente a presiones económicas o la aplicación de “premios y castigos”, tanto por parte de los gobiernos como de los anunciantes.
Además, destaca que durante 2020 se incrementaron algunas tendencias autoritarias en la región, que coinciden con un momento crítico para el periodismo tanto por razones de seguridad como de sostenibilidad económica. Algunos de los países del hemisferio han sido escenario de un constante hostigamiento y persecución del personal policial y parapolicial en contra de comunicadores y líderes sociales, quienes en algunos casos han sido encerrados en sus viviendas por dispositivos policiales que les impiden salir a la calle a reportear lo que sucede. Esta violencia desplegada por el Estado contra la prensa no ha sido sólo física sino también jurídica y simbólica, y confirma el temor de la autoridad estatal a la verdad y a la disidencia.
El informe anual 2020 compila los hechos más relevantes vinculados con la situación del derecho a la libertad de expresión en el hemisferio, con el propósito de entablar un diálogo constructivo con los Estados miembros de la OEA que visibilice los avances reportados, pero también los problemas y los desafíos afrontados durante el período.
En la presentación del documento se destacó que la pandemia por COVID-19 ratificó la importancia del acceso a información de calidad y el papel esencial del periodismo como labor y como método para la convivencia democrática. Tal como señaló recientemente la Unesco, en momentos de crisis como este, la información puede ser una cuestión de vida o muerte.
Para la Relatoría Especial, ante el creciente fenómeno de la “infodemia” del que alertó la Organización Mundial de la Salud, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando lo necesitan, el periodismo profesional y particularmente aquel que se ha esforzado por la calidad de la información, ha hecho una contribución esencial a la comprensión ciudadana de una pandemia global sin precedentes.
La prensa independiente, en su labor de registrar y difundir hechos y opiniones diversas en contextos de grave deterioro de las instituciones democráticas e intensificación de la represión, es un insumo irremplazable. El periodismo está llamado a ejercerse en función de la democracia y los derechos humanos, así como la democracia debe procurar estar acompañada del periodismo profesional. Para la Relatoría, recuperar y ampliar la capacidad del periodismo profesional es una tarea central de nuestro tiempo.
Detrás de estos sesgos autoritarios que asoman, preexisten y persisten graves patrones de violencia y de impunidad sobre delitos contra la prensa en las Américas. Al menos 19 reporteros fueron asesinados durante 2020 por motivos presuntamente vinculados con el ejercicio periodístico, cifra que se mantiene dentro de la tendencia creciente de la última década. Además, son de especial preocupación para la Relatoría las amenazas e intimidaciones y los discursos estigmatizantes por parte de líderes públicos contra periodistas, especialmente aquellos que investigan temas de alto interés público como corrupción o irregularidades en el manejo de fondos públicos en el contexto de la pandemia. Este tipo de señalamientos fomentan un clima de hostilidad hacia la prensa y contribuyen a la autocensura.
Adicionalmente, la Relatoría Especial siguió recibiendo información sobre una tendencia en la región en el uso de diversas tecnologías para monitorear a quienes se manifiestan a través de las redes sociales, afectando especialmente a periodistas. A ello se suman, además, la activación de mecanismos judiciales para vulnerar la reserva de fuentes periodísticas y la protección de fuentes y denunciantes o whistleblowers.
Para acceder al Informe Anual 2020 completo, haga clic aquí.
Redacción SIGNIS ALC, con información de la RELE
