Buenos Aires.- La desaparición de Santiago Maldonado ha recrudecido las tensas relaciones entre algunos sectores de la prensa argentina y el gobierno.
El pasado 15 de septiembre, en rueda de prensa, los sindicatos de comunicadores rechazaron las detenciones de varios periodistas que cubrieron la marcha en la que se reclamaba la aparición del joven artesano.
La movilización, donde fueron apresados seis periodistas y reporteros gráficos, tuvo lugar el 1 de septiembre, un mes después del lamentable hecho.
Tato Donder, secretario general del sindicato de Prensa de Buenos Aires, incluso señaló que “se está viviendo el peor momento desde que volvió la democracia”, asegurando que los detenidos no tenían nada que ver con los incidentes”, y que lo único que se desea es “acallar voces”.
María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, también presente en la rueda de prensa, fue más allá. Aseguró que existe un plan por parte del gobierno, específicamente dirigido a perjudicar a los periodistas.
Por si fuera poco, días después, en un comunicado, estas organizaciones acusaron a las autoridades gubernamentales de apoyarse en ciertos medios de comunicación afines, para encubrir su responsabilidad en la “desaparición forzada” del joven.
El documento, emitido el 17 de septiembre, fue firmado por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y la Asociación de Revistas Culturales Independientes (AReCIA).
Esta supuesta estrategia ya había sido denunciada por la agrupación “Comunicadores de la Argentina” (Comuna), que aseveró que dichos medios de comunicación contribuyeron a la manipulación de la opinión pública, difamando y criminalizando a la comunidad mapuche, tomando en cuenta que el artesano bonaerense desapareció precisamente a raíz de una movilización de este sector.
Asimismo, a través de una carta, el colectivo instó a varias asociaciones de prensa, como la Federación Internacional de Periodistas, la Federación Latinoamericana de Periodistas y otras agrupaciones de América Latina, a mantener dentro de su agenda informativa el caso de Santiago Maldonado, a fin de ejercer presión.
Sean o no ciertas estas afirmaciones, el 15 de septiembre, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en el marco de su 55 Asamblea anual, más bien destacó los avances en términos de libertad de expresión que se habrían alcanzado en el actual gobierno, en contraste con el “clima de hostigamiento y persecución” que habría caracterizado al anterior.
Con respecto a esta confrontación de opiniones, SIGNIS Argentina, en un pronunciamiento, cuestionó la utilización política del caso de Santiago Maldonado, bajo el argumento de que, frente a un suceso tan grave, “los argentinos no sean capaces de generar una cultura de encuentro”.
Fuente: Aguas Digital, Comuna, AnRed, Los Andes.
