Quito.- La libertad de expresión ha sufrido un retroceso en varios países de Latinoamérica. A fin de discutir esta problemática, el pasado 21 de septiembre tuvo lugar en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), sede Quito, Ecuador, el IV Encuentro Regional: Impulsar la Libertad de Expresión en Latinoamérica.
El evento -moderado por la periodista Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en Español en Ecuador, y presentado por César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios)-, contó con la participación de ponentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Una de las principales conclusiones a las que se llegó es que la recuperación de la libertad de expresión requiere de una mayor toma de conciencia por parte de la gente de que se trata de un derecho ciudadano, y no solo de los periodistas, como muchos consideran.
Para el expositor Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad de Perú (IPYS-Perú), esto solo ocurrirá cuando los medios otorguen mayor importancia a las necesidades de la comunidad.
Jonathan Brock, coordinador del Centro de Estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP-Colombia), concordó con esta idea, pues, según él “a la sociedad colombiana de hoy no le interesa lo que pasa con los periodistas”.
Sin embargo, el periodo de transición política que vive este país –donde en 2018 tendrán lugar elecciones presidenciales- representa una oportunidad para cambiar esta situación, pues habría mayor posibilidad de impulsar nuevas políticas y estrategias.
Ricaurte considera que en Ecuador – país que cuenta con un nuevo gobierno desde mayo pasado- también podría aprovecharse la nueva coyuntura, para forjar propuestas concretas de reformas a nueve leyes que vulneran la libertad de expresión, y, de esta manera, reconstituir el diálogo social inclusivo.
Como dato, en este país se han contabilizado, hasta septiembre de 2017, 2 297 agresiones contra la libertad de expresión, traducidas en agresiones físicas, uso abusivo de poder del Estado, agresiones verbales (amenazas y descalificaciones), procesos por la Ley Comunicación, entre otras.
En lo que respecta a Venezuela, se vislumbra un panorama más complicado. Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de este país (IPYS-Venezuela), denunció que el hostigamiento a la prensa por parte del gobierno se ampara en políticas aparentemente legales, “generando una serie de limitaciones y agresiones a la libertad de expresión y a los periodistas”. Como muestra, más de 50 medios de comunicación han cerrado en lo que va del año, en este país.
Por su lado, Don Podesta, de la National Endowment for Democracy (NED) –organización estadounidense que fomenta la democracia- considera que la salida es repotenciar a los medios digitales, ya que, según él, constituyen el futuro de la región y un espacio para brindar un periodismo de calidad.
Fuente: Fundamedios
