Tegucigalpa, Honduras.- Varias organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales expresaron su preocupación por el incremento de la violencia política y la represión en contra de la protesta social en Honduras, y solicitaron al gobierno la suspensión inmediata del estado de excepción declarado el 1 de diciembre.
Las entidades denunciaron que la situación hondureña se agrava en el contexto de violencia y violaciones a los derechos humanos contra defensores, defensoras, organizaciones y comunidades que defienden derechos fundamentales en el país, mismo que ha sido objeto de numerosas recomendaciones y denuncias por parte de la comunidad internacional.
Asesinatos, amenazas, procesos de criminalización, violaciones al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, entre otras formas de agresión, han venido restringiendo el espacio de actuación de las personas defensoras y comunidades que denuncia violaciones a derechos humanos y ha deteriorado seriamente la institucionalidad democrática, señalaron.
Las organizaciones declararon que a los legítimos reclamos expresados por el pueblo hondureño ante las irregularidades del proceso electoral en curso, el Estado nuevamente ha respondido con violencia, criminalización de la protesta social y una declaratoria de estado de excepción que vulnera derechos fundamentales.
Recalcaron además que organizaciones y medios hondureños han documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales en contra de las manifestaciones, detenciones arbitrarias y otros actos represivos que ya han cobrado la vida y herido a un número aún no determinado de personas.
Ante esto, las organizaciones solicitó que se suspenda de forma inmediata el estado de excepción declarado el 1 de diciembre y garantizar el derecho a la protesta social y la libertad de expresión, así como investigar las violaciones a derechos humanos contra manifestantes, organizaciones y comunidades en el marco de las protestas por la situación electoral.
Pidieron que se atienda la demanda social de respeto a la voluntad popular expresada en las urnas que implica, entre otras cosas, atender las recomendaciones de la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que apelan al recuento de votos y la revisión de actas bajo condiciones de transparencia.
Asimismo, instaron a la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y demás órganos de protección internacional a que hagan un llamado categórico y activen los mecanismos de protección necesarios para que el Estado garantice los derechos políticos de la población.
Fuente: Cerigua
