Bolivia.– Las asociaciones de periodistas de Bolivia se encuentran en alerta, luego de que se anunciara que la reforma al proyecto de Código Penal concerniente a la mala práctica profesional incluirá a los periodistas.
El artículo 200 del proyecto de dicha normativa plantea sancionar con reparación económica a todos los profesionales que incurran en una mala práctica que cause daños en la salud o integridad física de otra persona.
Inicialmente la ley estaba únicamente enfocada al ámbito de la medicina, pero tras protestas del Colegio Médico de Bolivia, se incluyó a los demás oficios.
En un comunicado remitido el pasado 26 de septiembre, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que agrupa a la mayoría de diarios del país, denunció que este proyecto de ley genera un riesgo para la libertad de expresión, pues tanto los medios de comunicación como la ciudadanía “se autocensurarían”.
Además, aseguró que el artículo, además de transgredir el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 106 de la Constitución –ambos sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión-, también vulnera la Ley de Imprenta. Esta establece que los periodistas no pueden ser juzgados por un tribunal ordinario y deben acogerse a un Tribunal Especial.
La controversia llevó a que, el 2 de octubre, la entidad solicitara a los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional que se excluyera a periodistas, comunicadores y medios de comunicación del nuevo Código.
Hoy, 3 de octubre, estaba previsto que el presidente de la ANP, Marcelo Miralles mantuviera una reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y con el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles, para tratar el tema.
Anteriormente,este último había señalado que los periodistas pueden tener una actitud culposa cuando, por ejemplo, “alienten al suicidio”.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, reiteró que la libertad de expresión y de información están garantizadas, algo que se evidenciaría a través de “las constantes mentiras o insultos” de los que él mismo es objeto por parte de la prensa. “Qué más podemos garantizar, díganme”, manifestó.
Con esto discrepa el periodista Andrés Gómez Vela, quien sostiene que tras la ley se escondería un intento del gobierno de controlar a los medios de comunicación que no son afines a su gestión.
“Antes de 2012, el presidente Evo Morales se quejaba de los medios de comunicación y en una entrevista reciente con El Deber dice que tiene al 90%. Le preocupa al Gobierno ese 10%, porque muestra un periodismo de calidad y la ciudadanía ahí se da cuenta de quién miente. La gente no es tonta”, indicó.
Tras la polémica, la diputada oficialista Valeria Silva planteó la redacción de una nueva ley de imprenta, al aducir que la actual es obsoleta y no otorga a los periodistas todas las garantías para ejercer la profesión.
“Es tiempo, con los periodistas, legisladores de oficialismo, oposición y la población, que se trabaje una norma actualizada. La Ley de Imprenta hoy en día no da todas las garantías a los periodistas (…), construyamos una nueva normativa a este respecto, la comunicación está absolutamente evolucionada”, dijo Silva, en entrevista con radio ERBOL.
Sin embargo, Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), no comparte esta opinión, pues aduce que tras estas intenciones siempre se esconden intereses políticos.
“Una ley debe perdurar en el tiempo y su contenido debe beneficiar a todos los ciudadanos viviendo en democracia. Esa es una condición imprescindible. Sin ello, toda propuesta termina siendo un intento de ejercer dominio de la prensa y periodistas para objetivos de un partido”, manifestó.
Fuentes: El Mostrador, Knight Center for Journalism in the Americas, Red Erbol, Página Siete
