AMEDI condenó la intimidación y criminalización en contra del articulista Sergio Aguayo

Según se agrega, la resolución del juez que lleva el caso en la Ciudad de México, intimidan la libertad de expresión del analista político y de cualquier periodista, al mismo tiempo que limitan el derecho a saber de la sociedad sobre el actuar de quienes se desempeñan en el ejercicio público.

Sergio Aguayo fue obligado por una sentencia del Juez 16º de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, Francisco Castillo González, a depositar una fianza de 450 mil pesos en garantía por la demanda de daño moral que presentó Humberto Moreira por 10 millones de pesos. Aguayo Quezada depositó la fianza como pago a la demanda y para que sus propiedades no fueran embargadas.

Según se recuerda, Humberto Moreira demandó en julio de 2016 por daño moral a Sergio Aguayo por el artículo “Hay que esperar”, publicado en el diario Reforma el 20 de enero del mismo año. Las opiniones que expresa el también integrante del Consejo Consultivo de la Amedi en sus artículos periodísticos y trabajos de investigación académica son resultado de su pleno e irrestricto ejercicio de la libertad de expresión, el cual es un derecho fundamental garantizado en leyes, convenciones y pactos internacionales suscritos por México.

Quién es el doctor Sergio Aguayo. Es un analista político, defensor de los derechos humanos, articulista y académico reconocido nacional e internacionalmente. Desde 1977 es profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y miembro Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), debido a su vasta producción académica. Coordina el Seminario sobre Violencia y Paz en esa institución, desde el cual encabeza una investigación en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre los hechos ocurridos en Allende, Coahuila, en 2011.

Quién es Humberto Moreira Valdés. Fue gobernador de Coahuila, donde un grupo delictivo desapareció en 2011 a un número indeterminado de personas (incluidas niñas, niños y personas ancianas). Los hechos sobre la masacre de Allende, Coahuila, durante la gubernatura de Moreira, y muchos otros que atentan contra los derechos fundamentales y la vida de las personas, deben esclarecerse. Sergio Aguayo siempre lo ha expresado en esos términos en sus columnas periodísticas.

Tenemos libertad de expresión. La Amedi reitera que Aguayo Quezada, al igual que todo analista, periodista, comunicador, informador y cualquier ciudadano, tiene derecho a formular opiniones acerca de los personajes públicos y ejercer la crítica en los medios de comunicación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha respaldado ese derecho en varias sentencias. Incluso ha considerado que los personajes públicos, por los cargos que desempeñan y las responsabilidades que asumen, están en condiciones de ser objeto de juicios críticos; su fama pública y su privacía están más expuestas que las de cualquier otro ciudadano por desempeñar cargos de notoriedad e interés públicos.

Intimidación. El político coahuilense tasó la afectación a su “fama pública” en 10 millones de pesos, exigencia económica típica de quienes buscan atemorizar, desgastar en tribunales y causar un daño patrimonial a quienes con honestidad se ganan el sustento informando a la sociedad. La demanda por daño moral, el monto de la reclamación, las irregularidades procedimentales, la exigencia de la fianza y la amenaza de embargo constituyen estrategias judiciales y políticas para intimidar y constituyen un pésimo precedente para coartar la libertad de expresión como derecho individual y colectivo.

Como parte de las diligencias judiciales, el articulista fue sometido a un interrogatorio que buscaba conocer el “perfil psicológico del Sr. Sergio Aguayo Quezada en sus aspectos intelectuales, afectivos, sociales y familiares y cuáles son sus principales rasgos de personalidad”. En las convenciones internacionales, en los criterios jurisprudenciales sobre libertad de expresión y en el sistema interamericano de derechos humanos, en casos de libertad de expresión jamás se realizó una pericial psicológica como la que se desahogó en el expediente Aguayo-Moreira, pues no es útil sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

Respaldo y advertencia. La Amedi se solidariza con Sergio Aguayo Quezada y exige el respeto a su derecho de libre expresión en los medios de comunicación y en las investigaciones que realiza. Quienes juzgan deben ser neutrales y evitar cualquier tipo de presión política, así como reconocer que los personajes públicos pueden ser objeto de crítica, más aún en temas de interés público, por lo que exhorta a los juzgadores a garantizar en sus sentencias el derecho a comunicar por encima de las estrategias judiciales de los personales públicos.

Fuente: AMEDI