Al menos 173 defensores de derechos humanos fueron asesinados en América Latina en 2017 según el reciente Informe anual de Defensores de Derechos Humanos en Riesgo, que publica la organización Front Line Defenders. El Informe señala que en 27 países del mundo fueron asesinados 312 defensores de derechos humanos en 2017.
En el Informe de Front Line Defenders se establece, además, que del total de activistas asesinados, más de dos tercios, es decir el 67% del total de líderes asesinados fueron defensores de la tierra y medio ambiente, defensores de los derechos de los pueblos indígenas, siempre en torno al contexto de los mega proyectos, industrias extractivas y grandes negocios.
De los casos denunciados, sólo el 12% de los casos han sido arrestados los sospechosos de los crímenes. El mayor porcentaje de los hechos de violencia a los defensores de los derechos humanos permanecen en la impunidad, particularmente de los defensores ambientales. El 84% de los asesinatos de defensores ha recibido al menos una amenaza antes de su muerte.
Las amenazas contra defensoras muchas veces tienen una dimensión de género, escribió la organización en su reporte, haciendo referencia a la violencia sexual, asesinatos o ataques con ácidos hacia las mujeres, una forma de violencia que se emplea en el sureste de Asia. También se registró violencia sexual por parte de policías y amenazas contra hijos e hijas de defensoras.
Las amenazas con dimensión de género se reportaron en muchos países de Latinoamérica: En El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, México, Brasil, Colombia, Perú, y Honduras.
En general gran parte de las y los defensores asesinados el año pasado se dedicaban a la defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. Muchas veces, la violencia contra las personas que defienden una causa se da durante la implementación de mega proyectos, aunque como un ejemplo inspirador se menciona la aprobación de una ley en El Salvador que prohíbe las empresas mineras en todo el territorio nacional.
En muchos casos, menciona el Informe de FLD, las instituciones del Estado no respondieron a las amenazas y ataques, y en otros, las mismas fuerzas estatales fueron las responsables de estos crímenes.
Una estrategia común para acallar a las y los activistas fue la criminalización, interponiendo en su contra procesos legales infundados, en la mayoría de las ocasiones acompañadas por campañas difamatorias. Estas campañas tienen como objetivo alejar a las activistas de la población en general y del grupo de personas cuyos derechos están defendiendo, retratándoles como “enemigos del Estado” y desviando la atención de las deficiencias del estado.
Uno de los puntos preocupantes es que según los datos de FLD durante los procesos electorales se produce un incremento de ataques contra defensoras y defensores. Esta característica resaltó porque en 2018 Brasil, Colombia y México, los países con mayor número de asesinatos, estarán en la organización y ejercicio de comicios.
