Amnistía Internacional, organización promotora y defensora de los derechos humanos, hizo un llamado a las autoridades ecuatorianas a respetar el debido proceso en el caso de la detención del dirigente indígena Agustín Wachapá, e instó a poner fin el estado de emergencia y los actos de hostigamiento en la provincia de Santiago Morona, en la amazonía ecuatoriana. De igual manera, la organización instó al Ministerio del Interior a que desista de su solicitud de extinción y disolución de la Fundación Acción Ecológica.
En el llamado se solicita también que el Estado ecuatoriano cumpla con las recomendaciones formuladas en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre “Protección de los defensores de los derechos humanos, ya sean personas, grupos o instituciones, que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales”.
La preocupación de Amnistía Internacional se debe a que el pasado 21 de diciembre, integrantes de la Policía Nacional allanaron las instalaciones de la Federación Interprovincial de Centros Shuar – Ficsh en Morona Santiago y detuvieron a su dirigente Agustín Wachapá, lo cual para la organziación internacional se suma a una serie de hechos de violencia, hostigamiento y presión por parte de las autoridades estatales hacia miembros del pueblo indígena Shuar en razón de su oposición a un proyecto de explotación de cobre en la zona de Morona Santiago.
Además de la detención del defensor Agustín Wachapá, el 20 de diciembre el Ministerio del Interior presentó una denuncia en contra de la organización local Corporación Acción Ecológica acusándole de hechos violentos al promover en sus redes sociales información sobre los posibles impactos medioambientales que se derivarían de las actividades extractivas en la zona y, también, al poner de manifiesto las posibles violaciones de derechos humanos que dicho proyecto implicaría. Bajo ese procedimiento administrativo, Acción Ecológica corre el riesgo de ser clausurada antes de que acabe el año.
Según expresó la investigadora para América del Sur de Amnistía Internacional, María José Veramendi, el gobierno ecuatoriano “debe proteger a los Shuar frente los ataques a su comunidad, no imponer estados de emergencia ni detener a los líderes indígenas. Estos actos de intimidación sólo contribuyen a aumentar la tensión y poner en riesgo la vida de más personas”.
Fuente: Amnistía Internacional
