Amnistía Internacional
Según un reciente estudio realizado por Amnistía Internacional, Honduras y Guatemala son los países más mortíferos del mundo para los activistas ambientales y en donde los ataques a los líderes y defensores de la naturaleza siguen en aumento. El informe de AI, que fue presentado recientemente, señala que se ha registrado una insidiosa oleada de amenazas, cargos infundados, campañas de difamación, ataques y homicidios contra activistas ambientales y del territorio, llevados a cabo en los últimos meses, ha convertido a Honduras y Guatemala en los países más peligrosos del mundo para quienes protegen los bienes o recursos naturales.
El informe titulado Honduras/Guatemala: Ataques en aumento en los países más mortíferos del mundo para los activistas ambientales, fue publicado seis meses después del brutal asesinato de la líder indígena Berta Cáceres; Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que la defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica, pero atreverse a proteger los recursos naturales vitales lleva esta arriesgada labor a un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal.
El asesinato de la líder indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en su casa, a unas pocas horas de distancia de la capital de Honduras, Tegucigalpa, la noche del 2 de marzo fue uno de la serie de mortíferos ataques dirigidos contra su organización.
Berta Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), llevaba años trabajando para proteger el río Gualcarque del impacto potencialmente negativo de una represa que se planea construir en la zona.
Los ataques, las amenazas y el acoso contra los miembros de COPINH y de su organización hermana Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH), que trabaja para proteger el territorio del pueblo indígena lenca, se intensificaron tras el asesinato de Berta Cáceres; los miembros de la comunidad afirman que individuos desconocidos los han estado acosando cerca de sus casas y de la emisora de radio comunitaria.
El 15 de marzo, Nelson García, otro líder de COPINH, fue asesinado a tiros en la calle cuando regresaba en motocicleta a su casa tras haberse reunido con la comunidad para organizar una protesta que se celebraría ese mismo día; las autoridades han abierto una investigación que aún no ha arrojado resultados.
El 6 de julio, el cuerpo sin vida de la activista Lesbia Urquía, fue hallado en un vertedero de la ciudad de Marcala, en la frontera con El Salvador; unos días después, las autoridades detuvieron a dos hombres en relación con su muerte, pero aún no se ha acusado formalmente a ninguno de ellos.
Una semana más tarde, Martín Gómez Vásquez, otro líder de MILPAH, fue apedreado cuando salía de la comunidad de Azacualpa, en el oeste de Honduras; según dijo, los atacantes eran miembros de una familia que se atribuye la propiedad de una porción de las tierras ancestrales de la comunidad lenca; las autoridades hondureñas aún no han abierto una investigación sobre este ataque.
En Guatemala, los activistas ambientales y que trabajan sobre el derecho a la tierra han sido objeto de constantes campañas de difamación dirigidas a estigmatizarlos y desacreditarlos para obligarlos a abandonar su trabajo legítimo; esas campañas han incluido acusaciones y procesamientos por cargos falsos para silenciarlos.
El informe de AI, señala que las comunidades que luchan contra los proyectos mineros y de explotación de otros recursos naturales en sus tierras se han visto especialmente afectadas.
Este mismo año, una de los ex líderes de Resistencia Pacífica La Puya -organización cercana a la capital guatemalteca que lucha contra un proyecto minero local- fue amenazada, junto con sus hijos de corta edad; denunció las amenazas a las autoridades.
Cree que las amenazas son una retaliación por su trabajo de oposición a la construcción de la mina, por el impacto que podría tener en la comunidad y en sus tierras.
Hacia esa misma hora, uno de los principales periódicos nacionales, Prensa Libre, publicó un anuncio de página completa en el que un importante representante de una empresa minera del país acusaba de “terrorismo” a organizaciones de derechos humanos, y contribuía así al patrón de estigmatización.
Los mecanismos de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro existentes en ambos países han demostrado su ineficacia, destaca el estudio.
Fuente: CERIGUA
