Amnistía
Amnistía Internacional, un movimiento global que defiende los derechos humanos, hizo un llamado urgente para deplegar una acción ciudadana en defensa de los líderes comunitarios de San Pablo de Amalí, en el centro de Ecuador, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, acusados por la justicia por “cargos infundados de terrorismo organizado”. Según una publicación en el sitio web de Amnistía, enviada a la redacción de SIGNIS ALC, los procedimientos penales que se siguen en contra de los dos líderes comunitarios “parecen ser un intento de silenciar su campaña para reclamar el derecho de su comunidad a ser consultada sobre la construcción de una planta hidroeléctrica que, según afirman, afectará al derecho de la comunidad al agua”.
En su llamado, Amnistía Internacional invita a los ciudadanos del mundo a escribir inmediatamente al Fiscal Provincial de Bolívar, Dr. Manuel Sánchez Guillén, y a la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Dra. Ledy Zúñiga Rocha, instándolas “a retirar los cargos infundados contra Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, porque según señala “los procedimientos penales contra Manuel Trujillo y Manuela Pacheco parecen ser un intento de silenciar su campaña para reclamar el derecho de su comunidad a ser consultada sobre la construcción de un proyecto hidroeléctrico que, según afirman, afectará al derecho de la comunidad al agua”.
La audiencia judicial de este caso está convocada para el 19 de enero. Manuel Trujillo y Manuela Pacheco han sido acusados de cometer actos de terrorismo organizado, un cargo que conlleva una pena máxima de ocho años de prisión.
La publicación de Amnistía Internacional destaca que los cargos penales contra los dos líderes comunitarios “guardan relación con un ataque perpetrado el 14 de agosto de 2012 contra cuatro agentes que viajaban en un vehículo. Las organizaciones locales de derechos humanos afirman que aquella mañana estallaron enfrentamientos entre la policía y los miembros de la comunidad de San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar; por su parte, los miembros de la comunidad denunciaron el uso de fuerza excesiva por parte de la policía. El ataque contra el vehículo se produjo al atardecer, cuando los miembros de la comunidad se enfrentaron a un agente de policía que había realizado disparos al aire. Según un testigo presencial, ni Manuel Trujillo ni Manuela Pacheco estaban presentes en el momento del ataque al vehículo. Ambos están en libertad bajo fianza a la espera del resultado del juicio.
Las organizaciones locales de derechos humanos aseguran que la fiscalía no ha presentado pruebas sólidas que demuestren que Manuel Trujillo y Manuela Pacheco estuvieron presentes y fueron responsables del ataque contra los policías o participaron en él, y afirman que ha basado los cargos en declaraciones de agentes de policía que afirmaron estar presentes durante el ataque.
Manuel Trujillo y Manuela Pacheco son dirigentes comunitarios muy conocidos de San Pablo de Amalí que han hecho campaña para destacar la preocupación en torno a la implementación de la planta hidroeléctrica de Hidrotambo, la cual, según creen, afectará negativamente al derecho de la comunidad al agua. También han denunciado la falta de participación y consulta con los afectados”.
La organización pide que se envíen las comunicaciones a las autoridades de justicia antes del 24 de febrero de 2016 a:
Fiscal Provincial de Bolívar
Dr. Manuel Sánchez Guillén
Fiscalía Provincial de Bolívar
Calle Cándido Rada y 9 de Abril
Guaranda, Ecuador
Fax: +593 3 2980 619 / +593 3 2985 666 / +593 3 2984 953
Tratamiento: Sr. Fiscal Provincial
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Dra. Ledy Zúñiga Rocha
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria
Quito, Ecuador
Correo-e: comunicacion@minjusticia.gob.ec
Tratamiento: Sra. Ministra
Y copias a:
ONG local de derechos humanos
INREDH
Avenida 10 de Agosto N34-80 y Rumipamba. Piso 1
(Frente a la parada El Florón, del Trolebús)
Quito, Ecuador
Para las comunicaciones provenientes del exterior se recomienda también enviar copias a la representación diplomática de Ecuador acreditada en su país.
Redacción SIGNIS ALC, on información de Amnistía Internacional e INREDH
