Pará, Brasil.- En pasado viernes 22 de marzo de 2019, Dilma Ferreira da Silva, lideresa del Movimiento de Afectados por las Represas (MAB, por su sigla en portugués) fue asesinada en el asentamiento donde vivía, a 70 kilómetros de Tucuruí, Pará, en donde fue encontrada con el cuello cortado, las manos amarradas y signos de tortura al lado de los cuerpos de su esposo y de un conocido de la pareja.
En un reportaje de Nádia Puentes, publicado por Deutsche Welle, 23-03-2019, se relata que Dilma Ferreira da Silva no tuvo tiempo de ver si la propuesta que entregó en 2011 a la entonces presidenta de la República, Dilma Rousseff, se convertiría en ley. En ese encuentro, ella presentó un proyecto que reivindicaba una política específica para poblaciones afectadas por las represas.
Silva, de 45 años, intentaba rehacer la vida en el asentamiento Salvador Allende, regularizado por el Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) hace cinco años. Que forma parte de las cerca de 30 mil familias que se vieron obligadas a abandonar sus casas a finales de la década de 1970 para la construcción de la hidroeléctrica de Tucuruí, en el río Tocantins, Pará.
“Estamos tratando de entender la motivación, pero, en el fondo, es todo por el proceso de Tucuruí, el conflicto por tierras ocurrió por la desatención a los derechos de la población”, afirma Iury Charles Bezerra, de la coordinación nacional del MAB.
Por medio de una nota de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública de Pará informó que la Policía Civil creó una fuerza de trabajo para investigar el triple homicidio. “Hasta el momento, no es posible cerrar una línea de investigación para determinar la motivación del crimen”, dice la nota.
Según las primeras informaciones, seis hombres, en tres motos, fueron vistos en el bar que mantenía la pareja en la casa donde vivían. El cuchillo utilizado en los crímenes fue encontrado por la policía y encaminado a la pericia.
“La gente cree que ese crimen, brutal como fue, es como si los criminales quisieran dar un recado a los militantes que actúan en la región”, dice Bezerra, del MAB.
Conflictos y represas
Fundado todavía en la Dictadura Militar, el MAB se organizó tras la instalación de empresas de exploración de aluminio, minas de hierro e hidroeléctricas. En aquella época, cuando los estudios sobre potencial hidroeléctrico fomentaban la instalación de la industria, no se discutía propuestas de indemnización a las familias que vivían en las proximidades de los emprendimientos.
“La consecuencia de ello fue la expulsión de miles de familias de sus tierras y casas, la mayoría sin tener a dónde ir, muchas fueron a las favelas de las ciudades, engrosaron las filas de sin tierras”, alega el MAB.
La hidroeléctrica de Tucuruí fue la principal generadora del sistema Norte-Nordeste y fue interconectada al Sistema Interconectado Nacional en 1999, con una producción promedio de 3.500 MW. Más de 30 años después del inicio de las obras, no hubo compensación a los afectados, alega el MAB.
Según la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados (CDHM) de Pará, cuatro proyectos de ley que tratan del tema están en tramitación en la casa legislativa. Entre ellos, hay la propuesta de crear una política estatal de derechos de las poblaciones afectadas por represas.
En el mismo estado, la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte llevó al Ministerio Público Federal a abrir, desde 2010, decenas de procesos contra la concesionaria Norte Energia por motivos similares.
“Nadie puede morir por defender derechos. Si muere uno y el crimen queda impune, es la puerta para matar a todos los demás que se quedan”, critica Bezerra.
Brasil es el país que lidera el ranking internacional de asesinatos de ambientalistas, según un estudio de la ONG británica Global Witness. En 2017, se registraron 57 muertes contabilizadas en el país, según datos divulgados el año pasado. En todo el mundo, fueron al menos 207 asesinatos en 22 países.
Fuente: ihu.unisinos.br
