Frei Betto.- Cuando es difícil mantener el rumbo, el pesimista se queja del viento; el optimista espera la calma; el realista ajusta las velas (William G. Ward) -1812-1882.
El 17 de abril de 2016, el gobierno de Dilma Roussef fue destituido por un golpe parlamentario. Esa es la nueva modalidad que ha adoptado la actividad conservadora en la América Latina. El primer golpe parlamentario ocurrió en Honduras (2009), con la deposición del presidente Manuel Zelaya. El segundo, en Paraguay (2012), cuando destituyeron al presidente Fernando Lugo.
En el caso de Brasil, el golpe está debidamente comprobado por las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre el senador Romero Jucá y el exdirector de Petrobras, Sérgio Machado, acusado de corrupción por la Operación Lava Jato, una investigación de la Justicia para indagar sobre la participación de políticos, empresarios y servidores públicos en esos delitos. Después de que Michel Temer, el presidente interino de Brasil, lo nombrara Ministro de Planificación, Jucá permaneció en el cargo solo ocho días. En la grabación, ampliamente divulgada, el entonces ministro dice claramente que sacar a Dilma del poder sería una forma de impedir el avance de la Operación Lava Jato, en la que Jucá es denunciado por corrupción.
Dilma fue separada de la presidencia de Brasil por 180 días. El Senado Federal, que tiene la función constitucional de juzgar sobre el impeachment presidencial, puede acortar ese plazo. Entretanto, el país pasó a ser presidido por Michel Temer, vicepresidente de la República, presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y mentor del golpe.
¿De qué se acusa a Dilma? De haber cometido un delito de responsabilidad fiscal. Me explico: el dinero de que dispone el gobierno proviene de los impuestos incluidos en el precio de los productos y servicios que consume la población y de las contribuciones que tributan las personas físicas de mayores ingresos y las personas jurídicas como bancos y empresas rurales y urbanas. Esos recursos tributarios van a las manos del Tesoro Nacional.
En 2014, el año de las elecciones presidenciales, la crisis económica mundial –sobre todo la reducción de los precios de los productos primarios– afectó a Brasil. La tonelada de hierro cayó de US$180 a US$55. El saco de soya, de US$40 a US$18. El barril de petróleo crudo, de US$140 a US$40. El año siguiente, el PIB brasileño disminuyó 3,7%.
Para mantener los programas sociales, como Bolsa Familia, y financiar el Plan Safra, de incentivo a la agricultura, Dilma recurrió a dos bancos públicos, el Branco de Brasil y la Caja Económica Federal. Poco después, el Tesoro Nacional les reembolsó a esos bancos públicos las cantidades retiradas.
A ojos de la oposición, Dilma cometió un delito. ¡La ley de responsabilidad fiscal impide que los bancos públicos financien proyectos públicos! Aunque todos los presidentes anteriores cometieron el mismo “delito”, solo se sanciona a Dilma. La lógica que rige el sistema bancario brasileño proviene de los bancos privados. El banco existe para especular, para dar uno y cobrar dos o tres. Jamás para promover acciones sociales o impedir la suspensión de programas sociales que, en Brasil, rescataron de la miseria, en los últimos 13 años, a 45 millones de personas.
Esa es la razón legal, aunque injusta, que justificó el inicio del proceso de impeachment de Dilma, aprobado por la Cámara de Diputados el domingo 17 de abril. El 12 de mayo, el Senado acató la decisión de la Cámara.
Razones políticas y económicas
Hasta la aprobación del inicio del proceso de impeachment, el presidente de la Cámara de Diputados era Eduardo Cunha, del PMDB (el mismo partido del presidente interino, Michel Temer), acusado por la Operación Lava Jato de varios delitos graves, como depositar en varios paraísos fiscales dinero procedente de la corrupción.
En diciembre de 2015, el PT (el Partido de los Trabajadores, fundado por Lula y al que pertenece la presidenta Dilma) votó a favor de que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados le diera curso al proceso de revocación del mandato de Eduardo Cunha. Fue lo suficiente para que el presidente de la Cámara decidiera vengarse y, con ese fin, aceptara el pedido de impeachment de Dilma.
Ese pedido mereció la aprobación incluso de partidos que hasta la víspera de la votación eran aliados del PT. Ese cambio brusco y oportunista se debió al bajo índice de popularidad de Dilma, rechazada por el 85% de la opinión pública. Ese desprestigio es consecuencia de varios factores políticos y económicos.
En 13 años de gobierno de Brasil, el PT, a lo largo de los dos mandatos de Lula (2003-2006 y 2007-2010) y del primero de Dilma (2011-2014), promovió cambios significativos en el mapa social de Brasil, como llevar la energía eléctrica a 15 millones de viviendas, permitirles a 9 millones de jóvenes acceder a la universidad, reducir significativamente la pobreza, brindarle atención médica a la población más pobre mediante el Programa Más Médicos, que llevó a Brasil a más de 11 mil profesionales de la salud cubanos, etc.
Gracias al gobierno del PT, la impunidad perdió espacio, se inició la Operación Lava Jato, el Ministerio Público y la Policía Federal actuaron con autonomía, lo que llevó incluso a la captura y la condena de dirigentes históricos del PT, como José Dirceu, acusados de corrupción.
Aunque los 13 años del PT hayan sido los mejores de nuestra historia republicana, algunos errores cometidos hicieron que el segundo mandato de Dilma resultara débil ante la ofensiva de la oposición. Entre ellos se destacan:
1. El éxito de programas sociales como Bolsa Familia no se vio acompañado por un intenso trabajo de alfabetización política de los beneficiarios. Debido a la facilidad crediticia concedida por los bancos públicos y la exoneración tributaria de artículos de primera necesidad, se avivó el mercado interno. El aumento anual del salario mínimo por encima del índice de inflación favoreció el crecimiento de los ingresos de los sectores más pobres de la población.
Sin embargo, la falta de una educación política hizo que la inclusión social se diera por la vía del consumo y no por la de la producción. La población tuvo más acceso a bienes personales que a bienes sociales. Dentro de un tugurio de una favela podía encontrarse toda la línea de electrodomésticos (cocina, refrigerador, horno de microondas) –productos adquiridos a precios más bajos a consecuencia de la exoneración tributaria— y, además, computadora, celular y, ¿por qué no?, al pie del cerro, el auto comprado a plazos.
Pero la familia que vivía en el tugurio no tenía acceso a la vivienda, la seguridad, la salud, la educación, el saneamiento y un transporte colectivo de calidad. La prioridad debía haber sido el acceso a los bienes sociales. Se creó así una nación de consumistas, no de ciudadanos.
Con el agravamiento de la crisis económica a partir de 2014, y la incapacidad del gobierno de Dilma de frenarla, se diseminó la insatisfacción popular ante el aumento de la inflación y el desempleo (10,4 millones de personas, según un censo reciente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IGBE). Esa realidad, que afecta a toda la población, hizo que disminuyera el apoyo al gobierno.
El PT, surgido en 1980 con el propósito de “organizar a la clase trabajadora”, no se comprometió con el trabajo político de base ni con la democratización de los medios de comunicación, para impedir que sus enemigos de clase hablaran más alto.
2. Desde el primer mandato de Lula, el PT optó por garantizar la gobernabilidad mediante alianzas con los partidos representados en el Congreso Nacional. La mayoría eran partidos utilitarios, acostumbrados al “te doy, me das”, rehenes de la bancada de la B (buey, bala, biblia y bancos) –que reúne a políticos vinculados al agronegocio, la industria de armamentos, algunos cultos religiosos y el sistema financiero— siempre dispuestos a cambiar votos por sobornos. Esa promiscuidad contaminó a dirigentes del PT y a sectores del gobierno, cuya participación en la corrupción comprobaron las investigaciones policiales denominadas mensalão y posteriormente petrolão. De esa manera, el PT perdió credibilidad acerca de lo que se proponía al fundarse en 1980: ser el partido de la ética en la política.
El PT es fruto de los movimientos sociales que contribuyeron a derribar la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Una vez en el gobierno federal, debía haber seguido el ejemplo de Evo Morales y valorizado los movimientos sociales, para que sus líderes ocuparan los escaños del Congreso Nacional.
3. En 13 años de gobierno, el PT no promovió ninguna reforma estructural: ni agraria, ni tributaria, ni de la seguridad social. Ahora es víctima de no haber propuesto una reforma política. La actual institucionalidad política de Brasil se caracteriza por aberraciones como el hecho de que un estado de la federación, como Rondonia, con 1,5 millones de habitantes, está representado en el Congreso por el mismo número de senadores que elige el estado de Sao Paulo, con 44 millones de habitantes.
4. No se crearon condiciones que hicieran sustentable el crecimiento. El modelo neodesarrollista adoptado por el PT se agotó con la crisis económica mundial, en especial la contracción de la economía china y el bajo precio de los productos primarios. No se estimuló el mercado interno ni se invirtió lo suficiente en la calificación del capital humano.
5. Mientras que el presupuesto de Bolsa Familia para el año 2016 es de 28 mil millones de reales (US $8 mil millones) y el déficit primario del gobierno alcanza la cifra de 120 mil millones de reales (US $34,2 miles de millones), la “bolsa” empresario es de 270 mil millones de reales (US $77 mil millones), casi diez veces superior a Bolsa Familia. El gobierno, que fue un padre severo con los pobres, se comportó como una madre supergenerosa con los ricos. Ni así logró el PT aplacar el odio de clase contra él.
La buena fortuna de la “bolsa” empresario es resultado de la suma de subsidios, exoneraciones y regímenes tributarios diferenciados para los puertos, las industrias químicas, el agronegocio, las empresas petroleras y los fabricantes de equipos para la producción de energía eólica.
La agricultura, por ejemplo, casi no contribuye a la Seguridad Social, y la mayoría de los latifundistas y los barones (*) del agronegocio evade impuestos al inscribirse en la Reserva Federal como personas físicas y no jurídicas.
¿Dilma ha sido definitivamente separada del gobierno? Todavía no. Para que eso ocurra, será preciso que 53 de los 81 senadores aprueben su impeachment. En mayo, 54 votaron a favor de que se iniciara el proceso contra ella. Por tanto, basta con que dos parlamentarios cambien su voto para que Temer deje de ejercer interinamente la presidencia y le ceda su lugar a Dilma. En ese caso, volvería a ser la presidenta de Brasil hasta el final de su mandato, el 31 de diciembre de 2018.
Muchos acontecimientos políticos nuevos pueden incidir en que el gobierno de Temer no dure más de seis meses, sobre todo si las grabaciones realizadas por el exdirector de Petrobras, Sérgio Machado, comprometen a dirigentes de su gobierno, como ya sucedió con el exministro de Planificación, Romero Jucá. Destituido al cabo de una semana de haber tomado posesión, pende sobre él también la amenaza de perder su mandato de senador por el delito de obstrucción de la Justicia.
Si se aprobara el impeachment de Dilma y se confirmara a Temer como presidente hasta el año 2018, este tendrá que mostrar resultados positivos en la recuperación de la economía y ganarse el apoyo de la opinión pública, hoy bastante reacia a la idea de que se mantenga en el poder. En caso contrario, será el gran elector de Lula en las presidenciales de 2018.
De cualquier modo, la izquierda brasileña tiene ante sí el desafío de hacerse una profunda autocrítica y repensar las bases teóricas y prácticas de su proyecto político, para reinventarse como una alternativa de poder fiel a las aspiraciones de los más pobres, a los principios éticos y a la utopía ecosocialista.
* En Brasil se solía llamar barones a los latifundistas, sobre todo del Nordeste del país
