Washington, D.C. / Managua – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el cierre de espacios democráticos y el agravamiento de una nueva etapa de la represión en Nicaragua, con el fin de silenciar, intimidar y criminalizar a las voces opositoras al Gobierno, a los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación independientes en el país.
A partir del monitoreo permanente sobre Nicaragua, la CIDH ha documentado las diferentes etapas y la diversificación de la represión estatal desde el 18 de abril. En su Informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, la Comisión denunció los patrones comunes de violaciones a derechos humanos que caracterizaron la primera etapa de la represión de las manifestaciones sociales, tales como, el uso arbitrario de la fuerza, incluida la fuerza letal, por agentes de la policía y grupos parapoliciales para disuadir las protestas; la negación de atención médica y obstrucción del trabajo humanitario para ayudar a las personas heridas en el contexto de actos de violencia; detenciones arbitrarias; violencia y ataques contra periodistas y medios de comunicación, entre otros.
Posteriormente, en el mes de julio de 2018, la Comisión registró las violaciones a derechos humanos cometidas durante una segunda fase iniciada en el marco de los “operativos de limpieza” desplegados por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales para desmantelar los tranques y barricadas en todo el país lo que aumentaría el número total de muertos registrados desde el comienzo de las protestas, el 18 de abril de 2018. En agosto de 2018, la Comisión advirtió la consolidación de una tercera fase de la represión consistente principalmente en la persecución y criminalización selectiva y masiva de manifestantes, defensores de los derechos humanos, estudiantes, líderes sociales y opositores del gobierno; un grave problema de acceso a la debida defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.
Después de ocho meses de iniciadas las protestas, a través de la información registrada en terreno por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión advierte la intensificación de una cuarta etapa de represión estatal caracterizada por el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra periodistas; la continuación de la detención y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y personas opositoras al Gobierno; y la expulsión arbitraria – o amenaza de expulsión- de personas naturalizadas o residentes permanentes por su participación en protestas. Además, en esta fase de represión estatal, la CIDH observa la adopción de medidas y decretos que, bajo la apariencia de legalidad y estricta formalidad, restringen de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, esenciales para el efectivo funcionamiento de toda sociedad democrática.
En relación con la criminalización de manifestantes y líderes sociales, la Comisión continúa recibiendo información sobre detenciones arbitrarias caracterizadas por la falta de información sobre los motivos de la detención o del lugar en que la persona será recluida, ausencia de orden judicial y sin garantía del acceso a una defensa legal adecuada. Entre otros casos, la Comisión tuvo conocimiento de la detención de los líderes campesinos Lener Fonseca, el 14 de noviembre, y de Freddy Navas, el 17 de noviembre. Dichas detenciones elevaron a seis el número de dirigentes del Movimiento Campesino privados de libertad como represalia por su participación en las protestas.
De acuerdo con información proporcionada por la sociedad civil, en Nicaragua, más de 550 personas permanecen privadas de libertad por hechos vinculados con las protestas, de las cuáles, al menos, 90 habrían recibido sentencia condenatoria. A través del MESENI, la CIDH ha recibido denuncias sobre alegadas violaciones a las garantías del debido proceso como el impedimento para que personas enjuiciadas accedan a sus representantes legales con anterioridad a las audiencias, una alegada práctica por parte de los defensores públicos de sugerir la autoincriminación como estrategia de defensa, sentencias basadas en testimonios de oídas y contradictorios, así como el otorgamiento de penas máximas y desproporcionadas contra personas que participaron en las manifestaciones iniciadas el 18 de abril en el país. En este contexto, la Comisión estima urgente que el Estado proporcione toda la información detallada sobre la situación de las personas privadas de libertad y procesadas y facilite al MESENI el acceso a las cárceles y a las audiencias públicas en los juzgados.
Por otra parte, la Comisión recibió información sobre la falta de ejecución de órdenes de libertad por parte de autoridades penitenciarias. Entre los casos documentados se encuentran Guillermo Sobalvarro y Bernard Monroe, quienes habrían sido absueltos desde el 15 de octubre, además su defensa habría interpuesto recursos de amparo y una denuncia penal por desacato, sin embargo, a la fecha, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional no habrían permitido su libertad. Asimismo, Alex Vanegas, detenido y encausado por escándalo público, contaría con una orden de libertad desde el pasado 5 de diciembre que no ha sido cumplida por las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial.
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Fuente: SIGNIS ALC
