Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron su preocupación por el uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de seguridad federales de Argentina, que dejó decenas de heridos, detenidos y de periodistas lesionados, durante las protestas llevadas a cabo en rechazo a una ley de reforma previsional que se discutió y aprobó en el Congreso.
Según se informa, el 14 de diciembre la policía y Gendarmería disolvieron violentamente las manifestaciones que se dirigían al Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires para expresar su oposición a la ley de reforma al sistema de previsiones y jubilaciones. Varias personas habrían resultado heridas por impactos de balas de goma y dos legisladores denunciaron agresiones por fuerzas de seguridad, todo lo cual supone un uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, se reportaron personas afectadas por el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y spray de gas pimienta.
El día 18 de diciembre, nuevas protestas culminaron con fuertes disturbios y más de 183 lesionados, entre ellos al menos 88 policías y 95 ciudadanos. Según la información disponible, 70 personas habrían sido detenidas y denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento verbal, insultos y amenazas en su contra durante su detención. Asimismo, supuestos grupos de manifestantes hicieron uso de la violencia durante las manifestaciones arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía.
Durante las movilizaciones al menos 26 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habrían sido agredidos por fuerzas policiales mientras cubrían las manifestaciones en ambas jornadas. De este grupo, 18 periodistas denunciaron recibir múltiples impactos de balas de goma. También se reportaron varios periodistas afectados por el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Asimismo, un grupo de manifestantes habrían agredido a otros quince periodistas y produjeron daños a los equipos móviles de cinco televisoras. La policía habría detenido a seis trabajadores de un medio de comunicación, que posteriormente fueron liberados.
Para la CIDH, el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Los ataques contra periodistas y la destrucción o incautación de equipos de quienes cubren estas situaciones violan la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva.
La CIDH y su Relatoría Especial hacen un llamado a las autoridades a investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante estas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes. Asimismo, exhortan al Estado a garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social.
Fuente: CIDH
