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Derechos Humanos

SIGNIS ALC

21 febrero 2016

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CIDH publica informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras

La violencia y la inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras”, en el que se aborda sobre la situación de vulneración de derechos de los habitantes que resulta de los altos índices de violencia, la inseguridad ciudadana y las altas tasas de impunidad existentes. El informe ofrece también recomendaciones con el objeto de asistir al Estado en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos.

 

El informe señala que la tasa de homicidios en Honduras continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo a pesar de que cifras del Estado apuntan a una disminución en 2014. Estos niveles de violencia son el resultado de varios factores, entre los que destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción, y altos niveles de pobreza y desigualdad.

 

“La violencia y la inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña, con grandes repercusiones en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos en el país”, dijo el Relator de la CIDH para Honduras, Comisionado Francisco Eguiguren. El informe señala que los altos niveles de violencia que enfrenta la sociedad hondureña, tienen un impacto particular en defensores y defensoras, pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, migrantes, personas campesinas del Bajo Aguán y periodistas y trabajadores de la comunicación y operadores de justicia. Asimismo analiza los que considera siguen siendo algunos de los problemas más graves que enfrenta el sistema penitenciario hondureño.

 

Cifras oficiales hechas públicas en 2013 indicaban que 80% de los homicidios cometidos en Honduras quedaban en la impunidad por falta de capacidad de los órganos de investigación. Durante la visita, organizaciones de la sociedad civil indicaron que los niveles de impunidad persistente en Honduras serían aún mayores.

 

Uno de los ejes centrales en la respuesta estatal frente a los graves problemas estructurales de violencia ha sido la intervención de las Fuerzas Armadas en múltiples ámbitos y funciones. El Ejército participa activamente en funciones de seguridad ciudadana a través de cuerpos especializados como la creación de una policía militar. Las Fuerzas Armadas se involucran también en temas de formación cívica y educativa para niños y niñas “en riesgo social” a través del programa “Guardianes de la Patria”, tiene también funciones en el sistema penitenciario, y es enviado a cumplir funciones de seguridad a zonas donde hay conflictos agrarios y de tierras, tal como el Bajo Aguán.

 

El informe incluye recomendaciones al Estado hondureño encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana desde la perspectiva de los derechos humanos. Se deben adoptar medidas urgentes a fin de bajar la tasa de homicidios, atacar las causas estructurales de la violencia y la impunidad, así como proteger a la población ante esta situación. Honduras debe ampliar e intensificar la capacitación a los servidores públicos encargados de tareas de orden público en temas de protección y respeto a los derechos humanos, retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, fortalecer la capacidad de la policía para realizar tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar las condiciones para que las y los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades.

 

Además, la CIDH recomienda impulsar las investigaciones judiciales de manera pronta, diligente e imparcial sobre todos los actos de violencia contra defensores y defensoras, líderes y lideresas de pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes sindicales, niños, niñas y adolescentes, periodistas y trabajadores de la comunicación, mujeres, personas LGBT y operadores de justicia y aplicar las sanciones penales que correspondan, de manera de evitar la impunidad y la repetición de hechos similares.

 

La Comisión espera con el presente informe coadyuvar en los esfuerzos del Estado hondureño en romper el ciclo de impunidad imperante y en fortalecer sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país. La CIDH está a disposición del Estado para, dentro del marco de su mandato y funciones, colaborar con Honduras en asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.

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