La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron la decisión de eliminar al Canal Católico de la grilla de programación de televisión por cable. En un reciente pronunciamiento, la CIDH y la RELE consideraron que el Estado debe poner fin a la represión y garantizar el pluralismo de voces y contenidos en los medios de comunicación, al tiempo que cuestionaron también el hostigamiento permanente del gobierno contra la Iglesia Católica en Nicaragua.
Según información pública, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) –ente regulador de las comunicaciones en el país—habría ordenado a las operadoras de Televisión por cable eliminar el canal católico de la grilla de programación. El Canal Católico, que fue fundado en 2011, pertenece a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y fue interrumpido mientras transmitía actividades religiosas.
Si bien la eliminación del canal fue anunciada públicamente por una de las principales empresas de telecomunicaciones del país el pasado 20 de mayo, se habría notificado a al menos otras cuatro grandes operadoras de cable y a un número indeterminado de operadoras locales por lo que, conforme a la regulación vigente, se vieron forzadas a eliminar el mencionado canal.
La orden de TELCOR se dio al día siguiente de que el obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí denunciara en sus redes sociales el incremento de acoso y hostigamiento por parte de agentes de la Policía Nacional. Además, según la información recibida, habría miedo y hermetismo en las operadoras de cable para dar información adicional sobre la situación.
Asimismo, estos hechos ocurren en un contexto de persecución, acoso, hostigamiento, asedio policial y declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y agentes policiales en contra de integrantes de la iglesia católica. Cabe recordar que, en el presente año, la Asamblea Nacional canceló arbitrariamente la personería jurídica de organizaciones vinculadas con la Iglesia Católica, como la Universidad Católica del Trópico Seco y colegios de la diócesis de Estelí. En el mes de marzo, el Estado ordenó la salida del Nuncio Apostólico del país, quien fue mediador en la Mesa de Dialógo de 2019.
Asimismo, desde 2018, otros religiosos han denunciado vigilancia y cercos policiales que no permiten el paso de personas para acceder a los templos. De igual manera, se habría retirado el permiso de permanencia a sacerdotes extranjeros y otros más permanecerían bajo amenaza de ser expulsados.
La CIDH y la RELE recuerdan que el artículo 12.3 de la Convención Americana prevé “la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado” y establece que “la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”. Por tanto, la orden de excluir al Canal Católico de la grilla de programación podría constituir una limitación arbitraria a la difusión de religión y creencias y, considerando el contexto actual, podría representar además una represalia contra la iglesia por su rol de mediador y acompañante de las víctimas de la crisis de derechos humanos.
Fuente: CIDH-RELE
