Sao Paulo, Brasil.- A raíz de la publicación de una serie de reportajes en los que se presentaron denuncias sobre la operación Lava Jato, como
Artigo 19 considera grave que parte de los ataques y ofensas haya sido publicado o replicado por parlamentarios, que, como representantes del poder público, tienen el deber de contener y jamás intensificar acciones que ponen a los comunicadores y defensores de derechos humanos en riesgo en un país marcado por violencias contra esos grupos que llegan al extremo del asesinato. Es preocupante que, en vez de manifestar discordancia en el debate público, figuras políticas recurren a la descalificación de la actividad periodística como un todo cuando la cobertura desagrada-algo que deteriora aún más el ambiente para el ejercicio profesional de la comunicación en Brasil, dice un pronunciamiento de la organización que defiende la libertad de expresión.
En un reporte publicado en su sitio web, la organización ARTIGO 19 agrega que es preocupante que se esté movilizando una narrativa de criminalización de periodistas, fuentes y denunciantes basada en referencias genéricas a la acción de “hackers”. Este tipo de narrativa ya fue movilizado en casos emblemáticos en los que denunciantes expusieron violaciones de derechos humanos de sus gobiernos -la práctica esencial a la democracia-como en el caso de Edward Snowden y Chelsea Manning en Estados Unidos. Además, la narrativa de criminalización de denunciantes y del hackeractivismo, de forma genérica, se inserta globalmente en una preocupante campaña contra la comunidad de desarrolladores y desarrolladores de herramientas de seguridad de la información y activistas por derechos digitales. En ese contexto, estas narraciones promueven la estigmatización de actividades legítimas y necesarias para la protección de los derechos humanos en la red y fuera de ella, dice ARTIGO 19.
La organización que promueve la libertad de expresión insta a que representantes de los diferentes poderes públicos, incluidos los que están en el centro de las denuncias periodísticas, actúen con urgencia para condenar públicamente los ataques a los profesionales de The Intercept Brasil y no movilizar narrativas de descalificación de la prensa y de criminalización que, en vez de contener ese ambiente, lo hacen aún más inseguro y hostil.
Así también demanda que se promuevan investigaciones rápidas que conduzcan a la responsabilización de los involucrados en violaciones, garantizando la seguridad para los comunicadores de The Intercept y sus familiares. Recordamos que el Estado brasileño asumió compromisos con la libertad de expresión y el derecho de la población a la información -lo que incluye la garantía de la libertad de prensa, de secreto de fuente y la adopción de medidas eficaces para asegurar que aquellos que publiquen informaciones de interés público o interactúan con fuentes no están en riesgo o son criminalizados por ello.
Fuente: ARTIGO 19
