Tegucigalpa, Honduras.- Varias comunidades hondureñas, en Pajuiles, Tela, y en Hilamito, Arizona, en el departamento de Atlántida,continúan una firme lucha contra la instalación de represas hidroeléctricas. Desde hace un año mantienen instalados los “campamentos dignos por el agua, la vida y la justicia”, con el propósito de defender dos de sus principales ríos.
El 22 de marzo del 2017 se instaló el campamento en Pajuiles y el 15 de mayo del mismo año se instaló el campamento de Hilamito, denunciando la política represiva contra los procesos de organización, movilización y protesta ciudadana. En varias ocasiones la lucha y la resistencia de la población ha sido criminalizada y reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado hondureño.
En ambos sectores se ha denunciado la falta de consulta previa y los graves daños ocasionados, tanto al río Mezapa como a la cordillera Nombre de Dios, por los proyectos ejecutados por las empresas Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. (Hidrocep) e Inversiones de Generación Eléctrica S.A. de C.V. (Ingelsa), propiedad de los empresarios hondureños Jason Hawit y Emín Abufele.
Estos proyectos son ejecutados sin contar con el consentimiento de las comunidades que ancestralmente han convivido y protegido los bosques y las fuentes de agua. Estudios indican que los últimos dos gobiernos nacionalistas han otorgado a nivel nacional 117 concesiones de ríos para la instalación de represas.
En esta zona del Atlántico hondureño, las comunidades organizadas a través de la Iglesia Católica y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han decidido instalar los campamentos para impedir el paso de maquinarias pesadas hacia la parte alta de la montaña donde se construyen los proyectos.
Desde sus inicios la respuesta no se hizo esperar. Y comenzó la escalada de violencia. En diferentes ocasiones los “campamentos” fueron atacados, tanto por las fuerzas policiales como por miembros de otras comunidades vinculados a las empresas, lo que produjo el proceso de enjuiciamiento para varios líderes comunitarios.
Amenazas a muerte y criminalización
“Nosotras estamos viviendo en territorios que no sólo generan vida, sino que también están siendo codiciados por empresarios de la generación de energía. Ellos están luchando por instalar sus proyectos, pero nosotras también estamos luchando en la defensa de nuestros ríos”, indicó Doña Elena Gaitán, integrante del núcleo comunitario del MADJ en Arizona y presidenta de la Asociación de Patronatos dicho municipio.
Desde las montañas de la cordillera Nombre de Dios, se desprende la lucha contra las empresas, que los gobiernos con sus planes de desarrollo respaldados por policías y militares, los invasores, los grupos paramilitares y criminales pretenden instalar a la fuerza, según las denuncias realizadas por las comunidades.
La hidroeléctrica INGELSA junto al Ministerio Público han ordenado perseguir penalmente a Doña Elena Gaitán, al alcalde de Arizona Arnaldo Chacón y otros tres integrantes del núcleo comunitario del MADJ en Arizona. Gaitán, defensora del río Hilamito ha sido víctima, además, de diversas amenazas directas en su contra.
Según la dirigente, desconocidos han llegado hasta su negocio en Arizona para decirle que “lo mismo que le pasó a Berta le va a pasar a ella”. Luego se inició el proceso de criminalización y en la actualidad junto a sus cuatro compañeros de lucha goza de medidas sustitutivas de prisión impuesta por un juez de la ciudad de Tela, Atlántida.
A pesar de todo eso, Doña Elena ha sido pieza fundamental para activar la defensa del río y para generar conciencia de defender los bienes naturales en contra del voraz modelo extractivo y la política del Estado de Honduras de concesionamiento y entrega del territorio.
Por su parte el alcalde de Arizona, Carlos Arnaldo Chacón, denunció que su asesinato estaba pactado para ser ejecutado el 28 de febrero del presente año, sin embargo, la persona que había sido contratada para su vigilancia lo alertó y así pudo salvar su vida.
Fuente: Radio Progreso
