En una cuestionable decisión, la jueza del Tribunal 3° de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, adjudicó directamente a Diosdado Cabello la sede y el terreno de El Nacional. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, con este dictamen se ha producido la consumación del robo del diario El Nacional de Venezuela por parte de la Justicia de ese país, medio que pasa a formar parte del patrimonio del vicepresidente del partido gobernante.
El fallo de la Justicia venezolana, que mereció la condena de las organizaciones que defienden la libertad de expresión, se dictó el 27 de enero último, sin que antes se informe públicamente “el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas”, en violación a las reglas procesales que exige la ley. Tampoco fue notificado el representante judicial de El Nacional.
El 16 de abril de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia condenó por difamación al diario El Nacional y a pagarle a Cabello una indemnización de 13,2 millones de dólares. Cabello había demandado al diario y a su director, Miguel Henrique Otero, por publicar un reportaje del periódico español ABC en el que se lo vinculaba con el narcotráfico. El 14 de mayo de 2021, un juez ordenó el embargo de las instalaciones y los bienes del diario.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, condenó “la consumación del ‘robo del siglo’ al periodismo independiente, algo que solo puede pasar en una dictadura”. El CEO de Grupo Opsa, de Honduras, agregó que “la dictadura ha utilizado todas sus armas para cerrar medios y amordazar a la prensa durante estos 20 años, pero esta estrategia político-judicial es tal vez la más creativa”.
Por su lado, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció que “en Venezuela se lleva a cabo un genocidio comunicacional”, que monta expedientes amañados, que luego se ventilan en los tribunales con jueces que más bien parecen sicarios y gatilleros.
Según remarcó, “En Venezuela se lleva a cabo un genocidio comunicacional para silenciar las voces disidentes de una tiranía que no tolera opiniones en contrario”.
El Nacional se publica en línea desde hace años, aún antes de la confiscación de los bienes, debido a las restricciones impuestas por el gobierno; entre ellas, la falta de acceso a la importación de papel y otros productos para la impresión.
Fuente: SIP / El Nacional
