CONFENIAE denuncia criminalización
Según un reciente informe de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE (organización de base de la CONAIE en la amazonía), en 9 años de gobierno de Rafael Correa existen cerca de 300 personas judicializadas, de los cuales casi 200 corresponden al último semestre del 2015. El documento publicado en el sitio web de la CONAIE señala que la criminalización en la Amazonia de Ecuador está relacionada directamente con el avance de los proyectos extractivos, que en estos años se han extendido en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Según el informe, en el año 2015 la represión que han sufrido las comunidades y pueblos en resistencia al avance del capitalismo ha sido mayor.
Apunta que la represión contra el pueblo se ha convertido en una política de estado, a través de su institucionalización en distintas instancias del estado, lo cual ha sido denunciado en 2009 por la Defensoría del Pueblo.
La criminalización ha sido empleada como un mecanismo de control social para intimidar, neutralizar, inhibir y hostigar cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo o que cuestione las expresiones de poder imperantes ya sea que estas provengan desde el Estado, así como desde otros actores particulares, en el caso de la Amazonia, las empresas mineras, petroleras, madereras y los capitales trasnacionales de grandes potencias mundiales, señala el informe.
Destaca que casi 200 de los casos judicializados corresponden al último semestre del 2015, fenómeno directamente relacionado con la fuerte resistencia popular experimentada en estos meses en el marco del Levantamiento y Paro Nacional del Pueblo. Entre los últimos casos de judicialización durante las manifestaciones populares, cerca de 50 corresponden a personas de la región amazónica del Ecuador, por ejercer sus derecho a la resistencia, a la organización y a la protesta.
El ascenso de la ola represiva se registra durante el año 2015 (particularmente en el segundo semestre) en donde se tramitan la mayoría de instrucciones fiscales en las 4 de las 6 provincias amazónicas (Orellana, Pastaza, Morona, Zamora) y a por lo menos 5 nacionalidades indígenas (Kichwa, Shuar, Achuar, Sapara, Waorani) y pueblo Mestizo de la Amazonía.
Para revisar detalles de los casos de criminalización y judicialización de la protesta social se puede ingresar al sitio web de la CONAIE
Redacción SIGNIS ALC
