Ecuador.– Una mayor precisión sobre la ubicación de las “al menos 50 mil hactáreas” en que se incrementará el área intangible del Parque Nacional Yasuní, además del compromiso de no explotar pozos petroleros adicionales a los ya existentes en la zona.

 

Estas son las condiciones  que puso el movimiento ecologista de Ecuador Yasunidos para apoyar la consulta popular promovida por el presidente de ese país, Lenín Moreno.

 

El pasado lunes 2 de octubre, el Primer Mandatario informó que la sexta pregunta del referendo –que posiblemente se realice en diciembre de este año o en enero del 2018- versará sobre la ampliación del área intangible de la reserva natural ubicada en la amazonía, así como sobre la reducción de la zona de extracción petrolera.

 

Específicamente, la pregunta establece: ¿Está de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1 030 hectáreas a 300 hectáreas?

 

Durante su enlace televisivo de los lunes, Moreno explicó que la inclusión de esta pregunta respondía al pedido de “cientos de organizaciones ambientales y sociales”, además de a su “obligación y compromiso de defender ese espacio único y megadiverso, que es techo y cobijo para varios pueblos y nacionalidades indígenas”.

 

De esta manera, si bien la agrupación ecologista aplaude la incorporación de este tema en la consulta, exige que debe esclarecerse si las 50 mil hectáreas efectivamente abarcarán los territorios donde se concentran las comunidades que viven en aislamiento voluntario.

 

“Obviamente estamos contentos, porque ya era hora de que el gobierno asuma la responsabilidad y el interés por proteger a los pueblos indígenas. Sin embargo, necesitamos que se especifique hacia dónde se van a extender esas 50 mil hectáreas, que debería ser hacia las zonas donde se ha comprobado que existe presencia de pueblos en aislamiento, es decir, en Armadillo y hacia el norte”, señaló Patricio Chávez, vocero de Yasunidos, en rueda de prensa.

 

Asimismo, los representantes del movimiento exhortaron a que se socialicen los estudios técnicos en base a los cuales se determinó el tamaño de esa superficie, al mismo tiempo que conminaron a que este último sea precisado.

 

“La pregunta dice ‘al menos 50 mil hectáreas’, por lo que se debería especificar cuántas son en realidad. Esa superficie no es suficiente, debería ser mayor”, manifestó Chávez.

 

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, es decir, la disminución del área de explotación en alrededor de 300 por ciento, Yasunidos considera que esto implica que ya no se perforarán más pozos petroleros a los existentes.

 

“Estamos seguros de que esas 300 hectáreas ya están ocupadas, por lo que entendemos que no se construirá un pozo más ni en Ishpingo ni en Tiputini”, agregó el ecologista, haciendo referencia a los nombres de los campos petroleros ubicados dentro del área protegida.

 

Al respecto, Yasunidos exige la creación de una comisión especial que verifique que efectivamente hay actividad petrolera dentro de esta superficie mencionada.

 

El Parque Nacional Yasuní, ubicado en las provincias ecuatorianas de Pastaza, y Orellana, se extiende sobre un área de 9 820 kilómetros cuadrados, en plena cuenca amazónica. En 1989, fue designado por la Unesco como reserva de la biósfera y está considerado uno de los territorios de mayor biodiversidad del planeta. En su interior habitan dos facciones de la nación huaorani que viven en aislamiento voluntario: los tagaeri y los taromenane.

 

Luego de varios años de haberse prohibido la explotación petrolera en esta área protegida, en agosto de 2016 se dio vía libre a esta actividad tras el fracaso de la iniciativa Yasuní-ITT. A través de este proyecto, el gobierno ecuatoriano proponía dejar el petróleo bajo tierra, a cambio de una compensación económica por parte de la comunidad internacional.

La explotación minera, también sujeta a consulta

Además de la pregunta concerniente al Yasuní, la consulta popular también incluye otra enfocada a restringir la explotación minera: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

 

Al respecto, Esperanza Martínez, directora de la ONG ecuatoriana Acción Ecológica, en entrevista con radio Pichincha Universal, manifestó que a esta también le falta claridad, pues no se explicaría cómo se daría cumplimiento a la propuesta.

 

En una carta enviada el pasado 26 de septiembre al presidente Moreno, varias entidades expresaron su preocupación por la gran cantidad de actividades mineras que estarían en ejecución “en territorios mega diversos indígenas y comunitarios” sin haberse recurrido previamente a una consulta, contraviniendo el Mandato Constituyente Minero.

 

 

La pregunta concerniente a la minería que proponían dichas organizaciones, originalmente era: ¿Está usted de acuerdo que PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA se prohíba la minería metálica industrial en: fuentes y nacimientos de agua, zonas de recarga hídricas, en el sistema nacional de áreas protegidas, en áreas especiales para la conservación, en bosques protectores, en ecosistemas frágiles, y en zonas intangibles?

 

Fuentes: El Universo, El Comercio, Wikipedia, Acción Ecológica, Radio Pichincha Universal