El decreto 1340/16, fechado el 30 de diciembre de 2016, fue publicado en Boletín Oficial el pasado lunes 2 de enero (aunque fechado el 30/12/16), y que según la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) -que articula a cientos de organizaciones sociales, sindicatos, universidades, asociaciones profesionales y de medios de comunicación, entre otros- violenta “la ley y las garantías constitucionales para intervenir por decreto en el campo de la comunicación a fin de favorecer la concentración y la cartelización de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones”.

En el comunicado, la Coalición por una Comunicación Democrática afirma que el decreto “afecta más aún la libertad de expresión y promueve la consolidación de un mercado oligopólico que protagonizan las principales corporaciones en materia de servicios convergentes: el Grupo Clarín, Telefónica y Telecom” y explica que “permite al ENACOM disponer del espectro radioeléctrico —recurso natural patrimonio del pueblo argentino—a la medida de los grandes operadores del mercado, atribuyendo bandas de frecuencias y diseñando concursos a medida. También liberalizará las tarifas para que las corporaciones puedan llevarlas a los niveles de operación de sus otras filiales en América Latina. Asimismo autoriza la reasignación discrecional de frecuencias de servicios de comunicación audiovisual y servicios móviles para permitir el empleo por parte de Grupo Clarín —para su empresa Nextel— de posiciones en el espectro adquiridas para otros usos a precios de remate”.

Además, “clausura por quince años la obligación de Telefónica, Telecom, Cablevisión y otros grandes operadores, de abrir la red de última milla (o sea, permitir la llegada a los hogares) de otros impidiendo en ese lapso que otros operadores ofrezcan servicios utilizando la plataforma existente. De esta manera se cristalizan las posiciones dominantes, impidiendo una mayor competencia. DirecTV tendrá su premio al serle permitido el ingreso al negocio de los servicios TIC (internet)”.

Para la Coalición, el “decreto también protege al Grupo Clarín, impidiendo hasta 2018 la competencia a Cablevisión de los prestadores de telefonía básica (Telefónica y Telecom) en los grandes mercados (AMBA, Rosario y Córdoba). El Decreto invoca una protección para operadores locales cooperativos o Pymes, pero la misma solo resulta aplicable en las pequeñas ciudades donde sean un único prestador, es decir, marginales en términos de mercado”, afirma la CCD.

Este colectivo de organizaciones sociales y redes de comunicación advirtió sobre la tendencia de las políticas oficiales a la total desregulación, concentración y tratamiento de la comunicación sólo en términos de mercado en dos pronunciamientos anteriores, resultantes de sus dos Encuentros Federales realizados el año pasado: la “Declaración de La Pampa”  resultante del 1er Encuentro realizado en esa provincia en el mes de junio, y el documento “Un año fuera de la ley”  elaborado en el 2do Encuentro, en el Anexo el Congreso Nacional, el 2 de diciembre.