Cuestionan propuesta a Ley General para personas defensoras y periodistas
Según expresa, algunas de las disposiciones no garantizan una política integral de prevención y protección y que por el contrario las propuestas conllevan a la repetición de malas prácticas en materia de protección que hasta el momento no han brindado ninguna solución y por el contrario resultan contraproducentes.
El proyecto fue presentado el pasado 30 de abril, por la diputada y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera Badillo, apunta también a reformar los artículos 60 y 73 de la Constitución Federal.
Según se manifiesta, si bien el país atraviesa una situación sumamente delicada y grave en materia de violencia contra personas defensoras y periodistas, hoy urge evaluar cuáles son las acciones que se han emprendido en la última década para hacer frente a dicha situación. Esto incluye observar qué sí y qué no ha funcionado, y a partir de ahí, contar con un análisis certero. Esto es indispensable pues a pesar de las diversas acciones e instituciones que se han establecido en los últimos años, hasta el día de hoy la violencia contra personas defensoras y periodistas continúa agravándose aún más año tras año.
En el pronunciamiento se dice que la situación de violencia contra defensoras y periodistas por una falta de voluntad para velar por el cumplimiento de la ley, ya que si bien las leyes pueden perfeccionarse, hasta hoy la violencia contra la prensa no se resolverá desde el ámbito legislativo, pues han sido varias reformas garantistas, pero que no han sido aplicadas por las distintas unidades gubernamentales.
ARTICLE 19 señala a) La iniciativa de ley genera una enorme burocracia. Propone la creación de 96 instituciones en el país: 32 Mecanismos estatales, 32 Fiscalías para periodistas, 32 Fiscalías para personas defensoras. Además, un Mecanismo Federal y 4 Unidades dentro de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República.
Sobre este punto, cabe recordar que tras el asesinato del periodista Javier Valdez, el 15 de mayo de 2017, la respuesta de los gobiernos federal y estatales fue la creación de mecanismos y fiscalías en todo el país, como ahora se vuelve a proponer. En ese entonces, desde ARTICLE 19 nos pronunciamos por la falta de efectividad y pertinencia de esas medidas. Aumentar exponencialmente el número de entidades y funcionarios generaría un mayor desgaste burocrático y no resolvería las problemáticas de fondo las cuales requieren de una política pública integral de prevención y protección, frente a fórmulas que no han servido, como aquellas que pretenden agrandar aún más el aparato estatal, con la creación de más leyes e instituciones. Resulta paradójico que estando bien diagnosticada la incapacidad de ya numerosas entidades públicas mexicanas para trabajar coordinadamente en protección, ahora se esté proponiendo la creación de 96 entidades adicionales.
b) La iniciativa realiza una duplicidad normativa innecesaria y excesiva. El proyecto duplica disposiciones que ya se encuentran desarrolladas, por ejemplo, en materia de investigación y sanción de delitos, derecho a la verdad y a una reparación integral del daño.
Para más información se puede visitar el sitio de ARTÍCULO 19
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