Daños ambientales que ocasiona la minería
La actividad minera en el departamento de Cundinamarca, Colombia, no sólo está ganándole terreno a la agricultura, sino que está afectando algunos páramos, alerta un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo. Aunque algunos resaltan que la explotación de recursos naturales ha generado desarrollo en los municipios, lo que realmente preocupa son los efectos irreversibles sobre el ambiente y los daños a la comunidad, al vulnerar “su derecho al agua, al acceso a la tierra y a un ambiente sano”.
En el referido estudio de la Defensoría del Pueblo, que analizó el crecimiento de la minería en el departamento y los efectos por la explotación minera en áreas de ecosistemas, baja producción de agua, incumplimiento en los planes de manejo ambiental, cambios y degradación de los suelos, ruptura del tejido social entre las comunidades cercanas a las zonas de explotación y ausencia institucional para evitar estos problemas. Por ello se pide a las autoridades mayor control y garantizar los derechos de las comunidades.
Según la Agencia Nacional Minera, en la actualidad hay 1.013 licencias mineras activas en el departamento, que explotan 8 % del territorio. Sin embargo, están en trámite 1.062 licencias nuevas que, de ser aprobadas, al menos 912.000 hectáreas (38 % del territorio departamental) quedarían en manos de las mineras.
En medio del estudio, la Defensoría identificó el otorgamiento masivo de títulos en áreas de importancia ambiental, por las características de sus ecosistemas, en inmediaciones a las zonas de páramos. Algunos casos los evidenciaron en las veredas El Peñón y San Miguel (ubicadas a 2.900 m.s.n.m.), del municipio de Sibaté; San Jorge (ubicada a 3.250 m.s.n.m.), en Soacha, y la zona rural de Choachí, cerca de los páramos Cruz Verde y el Parque Natural del Sumapaz.
En estos casos, dice el organismo, “existe la explotación minera en ecosistemas con vegetación característica de páramo y se encuentran áreas con nacimientos de agua”. La consecuencia es previsible: el deterioro de los páramos, porque son nacederos hídricos, que proveen agua a las poblaciones. Pero el problema no se queda ahí.
En Sibaté, las afectaciones también son de tipo social y económico, que se desprenden de incumplimiento del plan de manejo ambiental por parte de las empresas que explotan los títulos mineros y la explotación ilegal. Esto ocurre por falta de seguimiento de las autoridades competentes. “La comunidad de estas veredas enfrenta problemas de salud por la contaminación en sus fuentes de agua y bajas en los rendimientos de sus cultivos”, dice la Defensoría.
Ante la falta de control institucional y el apoderamiento de la minería sobre los espacios protegidos y las zonas de cultivo de los campesinos, la Defensoría del Pueblo solicitará la intervención de organismos como la Agencia Nacional de Minas, la CAR y el Ministerio de Minas. Además, una acción más decisiva del Estado en materia de prevención.
Fuente: El Espectador
