Zacatecas, México.- Vaias organizaciones sociales y pobladores de la localidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, México, denunciaron que corporaciones estatales encabezadas por personal de Protección Civil (PC) del estado denunciaron el desalojo o de predios para favorecer a la empresa minera Frisco-Tayahua, propiedad de Carlos Slim. Según se dio a conocer, los habitantes habían recibido un ultimátum de las autoridades en abril pasado, cuando, Protección Civil adujo que un estudio elaborado por la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), determinó que la zona donde está asentada la comunidad se encuentra presuntamente afectada por una falla geológica y se corre el riesgo de que se registren derrumbes por las obras de exploración y explotación realizadas por la minera.
En ese entonces, el titular de Protección Civil, Felipe Muñoz Ruvalcaba, señaló que la propia minera estaba en disposición de apoyar a los pobladores de Salaverna en la reubicación de sus viviendas en otro sitio. “Es un buen apoyo, ¿por qué negarse?”, dijo el funcionario en aquella ocasión.
La empresa Frisco-Tayahua construyó viviendas en una zona a la que denominó Nuevo Salaverna, que ofrece a las personas desplazadas.
En declaraciones a La Jornada Zacatecas, el delegado municipal de Salaverna, Roberto de la Rosa, manifestó que prevalece la incredulidad sobre la presencia de la falla geológica, y acusó al gobierno estatal de orquestar el desalojo mientras los habitantes de la localidad no estaban, porque precisamente habían sido citados a una reunión con funcionarios estatales en la capital para este viernes 23 por la mañana.
Con maquinaria, algunas viviendas fueron derribadas desde las 07h00 horas del viernes 23 de diciembre..
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Frente Popular por la Soberanía acusaron al gobierno del estado de hacer la tarea para ayudar a la minera del magnate a ampliar su zona de operación, mientras los habitantes de Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya mantienen un litigio para exigir les sea reconocida la propiedad de 4 mil 650 hectáreas, un territorio que han ocupado por decenas de años.
En días pasados se realizó una medición y deslinde por parte de personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) como parte de las diligencias dentro del conflicto de tierras. Y hoy aparecieron bulldozers y trabajadores para demoler las viviendas.
Fuente:proceso.com.mx/
