Denuncian impunidad en crímenes contra periodistas
Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos 16 años, al menos 77 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido asesinados, de los cuales casi el 90% de los casos se mantienen en la impunidad, revela un reciente informe del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), publicado el 24 de mayo último, en la víspera de la celebración del Día del Periodismo. En la estadística mortal se cuenta el asesinato del periodista Leonardo Gabriel Hernández, victimado a pocas horas de la conmemoración del Día de los y las Periodistas en Honduras.
El reporte de C-Libre señala que el más reciente asesinato de Leonardo Gabriel Hernández evidencia el riesgo de ejercer la profesión en Honduras, en un contexto donde las autoridades locales y nacionales, se convierten en verdugos, en razón de que eluden la responsabilidad que tienen de proteger y velar por la auditoría social de la prensa.
De los 77 asesinatos contra periodistas que registra C-Libre, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida lleva 20 casos de asesinatos contra los colegas, mientras que otros seis (6) procesos entre 2009 a 2015 son llevados en las fiscalías locales, según consta en la Resolución DGF-160-2019, en poder de C-Libre.
De acuerdo con el mandato de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), se incluye la investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos por parte de empleados, servidores, funcionarios públicos y cualquier particular.
Más del 90 por ciento del asesinato contra periodistas y comunicadores sociales, se encuentra en impunidad, es decir, no existe procesos investigativos para dar con los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.
Pese a que Honduras cuenta con un Mecanismo Nacional de Protección al que se han acogido más de 60 comunicadores, las medidas han sido escasas para garantizar la vida y el pleno goce del ejercicio del periodismo en condiciones mínimas de seguridad como resultado de protocolos de protección profundamente burocráticos.
Sumado al grave contexto de violencia e inseguridad que enfrentan cada día los periodistas hondureños, el Congreso Nacional, donde se ejerce la representación del pueblo, es el órgano donde se crean leyes en detrimento de la libertad de prensa en el país.
Muestra de ello, el 10 de mayo último fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” un nuevo Código Penal, donde los periodistas, redactores, productores, directores de medios de comunicación, empresas de monitoreo o cualquier trabajador de medios de comunicación se convierte en un “Sujeto penalmente responsable” de nuevos delitos, como lo establece el Capítulo V, artículo 28.
Por otra parte, también preocupa el cierre de espacios radiales y televisados, como mecanismo de censura hacia la prensa hondureña. Casos como el periodista Jairo López en Choluteca, quien desde agosto del año pasado fue cerrado su programa “El informador” en una televisora local, por presiones de un consorcio público-privado. El sistema interamericano sobre el tema, apunta que “la censura previa produce “una suspensión radical de la libertad de expresión, al impedirse la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias”.
Fuente: C-Libre
