El Parlamento Europeo (PE) lamentó las condiciones de desprotección en que se encuentran los activistas de derechos humanos en Nicaragua y Guatemala, especialmente el caso de Francisca Ramírez, en el primer país y en el asesinato de varios activistas y periodistas, en el segundo.
El PE insta al gobierno nicaragüense a abstenerse de acosar y recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez, coordinadora del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía; Ramírez fue detenida e intimidada tras presentar una queja formal por las agresiones perpetradas en la región de Nueva Guinea en diciembre de 2016; también su familia ha sido objeto de ataques violentos como represalia.
Los parlamentarios piden al gobierno de Managua que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, firmada en 2008, así como respetar plenamente los valores democráticos, incluida la separación de poderes.
Asimismo, destacan el deterioro del Estado de Derecho y la democracia en Nicaragua y denuncian que las elecciones libres se ven dificultadas por la exclusión de los candidatos de la oposición, mientras que los periodistas se ven con frecuencia acosados e intimidados, incluso con amenazas de muerte, y sometidos a detención.
Con respecto a Guatemala, la resolución condena los recientes asesinatos de Laura Leonor Vásquez, Sebastián Alonzo Juan y los periodistas Víctor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona y Winston Leonardo Túnchez Cano, así como los asesinatos de catorce defensores de los derechos humanos en 2016.
A decir de los eurodiputados, estos asesinatos, y la asentada cultura de impunidad, junto a los elevados niveles de violencia y criminalidad en el país, hacen muy difícil el trabajo de los activistas pro-derechos humanos; valoran los esfuerzos de las autoridades en la lucha contra la delincuencia organizada, pero instan a intensificarlos y reclaman una investigación inmediata, objetiva y en profundidad de los citados crímenes.
Finalmente el PE pide también la aplicación urgente y obligatoria de las medidas cautelares recomendadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos, y urge al gobierno guatemalteco a revocar su decisión de retirar unilateralmente las medidas cautelares nacionales, a favor de los defensores de los derechos humanos.
Fuente: Cerigua
