Los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la ley modelo de la OEA sobre acceso a la información pública han contribuido al perfeccionamiento de las leyes especiales sobre la materia.  26 países miembros de la OEA cuentan con leyes especiales sobre la materia. Argentina, el caso más reciente.

En Chile cualquier ciudadano puede conocer el salario y los beneficios que percibe cada servidor público. En México la gente puede conocer lo que gastó el Estado en los atletas que representaron al país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro o dar a conocer el número de accidentes en una carretera determinada. En Argentina se puede saber cuánto invirtió el gobierno en publicidad oficial en cada medio de comunicación. Y en Uruguay es posible averiguar si las escuelas del país cuentan con la habilitación para prevenir incendios.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo ciudadanos de la región pueden hacer o han hecho uso de su derecho a la información pública, una piedra angular del sistema democrático y una llave para acceder a otros derechos. En las Américas, Argentina aprobó recientemente su ley de acceso a la información pública, que tomó como referencia la Ley Modelo que la OEA desarrolló, y que se aprobó en la Asamblea General en 2010. Con esta reciente legislación, ya son 26 los países del hemisferio con este tipo de leyes.

Para el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, la aprobación de una ley de acceso a información pública marca un “antes y después” en la historia de los países. “Hace la diferencia entre una historia del secreto y una cultura del secreto que tenían la mayor parte de nuestros países en la región y una cultura donde la administración pública y el estado comienzan a funcionar de una forma más abierto, facilitándole a la gente el acceso a la información en el poder del estado”, dice.

Valor para la democracia

La ley modelo de acceso a la Información parte de la base de que, en una democracia, la información pertenece al pueblo, y el gobierno tiene la obligación de proveerla con muy pocas restricciones. Según el Director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, Dante Negro, “una ley modelo no es una camisa de fuerza, sino que incluye una serie de referentes que pueden ser utilizados por los países para desarrollar o adaptar su legislación interna.  Busca reflejar estándares jurídicos compartidos por una comunidad para que el propio Estado, según sus necesidades y realidades los pueda ir adaptando”

En principio toda información y documentos en poder del Estado deben ser públicos: desde certificados de nacimiento y justificantes de gastos gubernamentales hasta contratos para transporte y datos sobre contaminación en ríos. El acceso a esta información le permite a la ciudadanía exigir rendición de cuentas, saber cómo acceder a otros derechos y monitorear el cumplimiento de las promesas que hacen sus gobernantes.

En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho de acceso a la información como un derecho humano protegido por el artículo 13 de la Convención Americana, que forma parte del derecho que tiene toda persona a “buscar y recibir información” del gobierno. Este derecho cumple importantes funciones para la democracia, entre las que se encuentran:

• Permitir a los ciudadanos monitorear las acciones del gobierno y participar eficazmente en la toma de decisiones que les afecta.
• Permitir la rendición de cuentas de los gobiernos ante la ciudadanía.
• Ayudar a combatir la corrupción, el nepotismo, el mal manejo de administración.

Para Moisés Sánchez, Secretario Ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, la relevancia del acceso a la información pública va más allá de los grandes temas de la democracia y las responsabilidades de gobierno: tiene consecuencias prácticas para la ciudadanía. “Permite a los ciudadanos conocer antecedentes que sirven también para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, conocer los establecimientos de salud mejor calificados, los colegios donde sus hijos pueden tener la mejor educación o incluso los sectores donde elegir sus viviendas. Sirve para el control social pero también sirva fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de las personas”, explica.

El papel de la OEA

La diputada Banfi, quien se ha dedicado durante años a la promoción del acceso a la información pública, enfatiza el papel desempeñado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la promoción de transparencia. “La OEA durante los últimos diez años ha dedicado gran parte de su trabajo en el desarrollo de nuevas normas para una nueva época, para la época de una democracia moderna inserta en el siglo XXI”.

El papel de la OEA en este tema tiene su origen en un mandato de la Asamblea General en 2009 de elaborar una Ley Modelo sobre Acceso a la Información y una guía para su implementación. La Ley Modelo, que contiene 72 puntos y abarca 25 paginas, fue elaborada por un grupo de expertos en un proceso que lideró por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA y aprobada en la Asamblea General del año siguiente. Desde entonces, ha servido como base de numerosos proyectos de ley en países donde discuten legislación en la materia, y como referente para los países que quieren ajustar leyes existentes a los estándares de la Ley Modelo Interamericana.

A la vista de la importancia que tiene este tema y la alta demanda para los servicio de apoyo en la materia, en junio de este año a Asamblea General de la OEA aprobó la creación del Programa Interamericano sobre Acceso a la Información Pública. Alojado en el seno del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, el Programa pretende armonizar y canalizar los diferentes proyectos de la Organización en la materia. Entre los objetivos del Programa están:

• La promoción del derecho de acceso a la información pública como parte de las estrategias nacionales de desarrollo y crecimiento;
• El establecimiento de un sistema adecuado de capacitación de funcionarios encargados de brindar información;
• La elaboración de estudios sobre el impacto socioeconómico del acceso a la información pública, junto con la sociedad civil.
• La capacitación de jueces de la región en la materia, dado su papel clave en resolver casos de acceso a la información pública.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también ha desempeñado un papel clave en promover y proteger el derecho de acceso a la Información. Esta oficina experta de la CIDH monitorea la situación del acceso a la información en el hemisferio, promueve las mejores prácticas a través de informes temáticos y trabaja y eleva casos de violaciones a este derecho ante la Corte Interamericana.

El acceso es la regla; el secreto, la excepción

Como ilustra la aprobación de la nueva ley en Argentina, hay un consenso creciente entro los países de las Américas respecto al reconocimiento del derecho a la información como piedra angular de los sistemas democráticos. En todos los países con leyes en la materia, se encuentra el principio de que el derecho al acceso a la información es la regla, y el secreto la excepción.

No obstante, algunos retos persisten en la región, entre ellos:

• La inclusión de los 3 poderes del Estado y las empresas con participación estatal entre los sujetos obligados por las leyes.
• La universalización del derecho a solicitar información al Estado de manera anónima.
• La regulación de las excepciones del derecho de acceso. En algunos casos, la propia legislación presenta algunas dificultades y en otros es la interpretación y aplicación de dicha legislación lo que ha generado problemas en la implementación.