Enjuician a defensores del ambiente
La Ceiba, Honduras.- Al menos 32 pobladores de Tocoa, Colón, quienes se oponen a la instalación de una minera propiedad del empresario Lenir Pérez y Ana Facussé, fueron procesados judicialmente bajo la acusación de los delitos de usurpación, incendio, robo agravado, privación injusta de la libertad y asociación ilícita. Estas personas son líderes comunitarios y delegados de la palabra de Dios que, a través de un campamento en el sector de Guapinol, pararon los trabajos de la minera y denunciaron los daños provocados al río.Según informa Radio Progreso, 13 de los acusados, incluida una mujer de 28 años, se presentaron voluntariamente al juzgado de La Ceiba, Atlántida, para someterse a la audiencia de Presentación de Imputados, como reflejo de los procesos honestos y de resistencia pacífica que libran las comunidades en defensa del agua y la vida. “Da pesar de tener un sistema de justicia cuestionado por favorecer a la clase política y económica del país”, expuso Juan López, uno de los criminalizados.
Sin embargo, para sorpresa de los abogados y las comunidades, el juez Carlos Irías de León con jurisdicción nacional, de forma extraoficial dijo que existe otro requerimiento fiscal contra 32 personas, incluidos los ambientalistas que estaban listos para la audiencia. Con este nuevo requerimiento, el juez dictaría prisión preventiva para los acusados sin conocer los argumentos preparados por la defensa.
En Honduras, la Constitución de la República establece en el artículo 313, que la potestad de impartir justicia corresponde al Estado a través de jueces y magistrados independientes. Eso incluye la condición de jueces imparciales. En base al artículo 83 numeral 10 del Código Procesal Penal, la defensa interpuso la causal de Recusación contra el Juez por haber manifestado antes de la audiencia su opinión sobre el caso, y por haber informado la existencia del nuevo requerimiento fiscal.
El 28 de enero, la defensa presentó en los juzgados de La Ceiba el escrito solicitando la audiencia de Presentación de Imputado. Aquí el abogado defensor Omar Menjivar preguntó a la secretaria del juzgado si existía otro requerimiento. En esa fecha la respuesta fue no, generando un poco de tranquilidad en las comunidades. No obstante, hicieron la misma investigación en los juzgados de Tocoa y la respuesta fue la misma.
¡Pero si existe otro requerimiento! presentado en La Ceiba el 17 de enero de este año. 11 días antes de que la defensa hiciera la solicitud. “Eso nos hace dudar de la imparcialidad de este juzgado, porque parece estar viciado y lleno de prejuicios”, expuso el abogado Menjivar en el argumento de la Recusación.
La opinión de forma extraoficial es lamentable porque el juez solo puede manifestarla después de valorar las pruebas, “Sobretodo porque lo hizo despreciando el hecho de que nuestros representados estuvieran aquí de forma voluntaria”, apuntó Menjivar. Como reflejo de su incapacidad para llevar el caso, entre titubeos el juez Irías de León intentó justificarse ante la sala, pero su alegato fue inútil ante el argumento que presentó la defensa.
Entre los líderes criminalizados están: Juan López, coordinador del Comité Ambiental, Reinaldo Domínguez, líder comunitario de Guapinol, Orbin Hernández, líder del Sector San Pedro y Carlos Leonel George de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, Copa y corresponsal de Radio Progreso. También José Eugenio Esquibel, Santos Hernández, Lourdes Gómez, Juventino Cruz y el empresario Adalid Cedillo.
Luego de presentar la Recusación a la Corte de Apelaciones, se determinó realizar dicha audiencia en la capital. Con un fuerte contingente policial fueron trasladados los ambientalistas de Tocoa a Tegucigalpa. La ciudadanía repudia esta acción al considerar que están siendo trasladados como criminales de alta peligrosidad.
El Comité Municipal Ambiental de Tocoa, a través de la Coalición Contra la Impunidad, presentó el 20 de febrero, una denuncia penal contra funcionarios públicos del Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, por suponerlos responsables de aprobar una concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Además, se presentó una denuncia penal contra diputados del Congreso Nacional que aprobaron el decreto 252-2013, por medio del cual se modificó la zona núcleo del parque nacional para que Inhgeomin pudiese otorgar dicha concesión.
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