A través de un comunicado oficial, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, solicitó al presidente de la república, Lenin Moreno, el veto total a la recientemente aprobada ley de violencia digital. Según la organización, la ley fue aprobada por la Asamblea Nacional sin el suficiente debate y su articulado se presta a confusiones que pondrían en riesgo la libertad de prensa.
Para la AEDEP, debe ser la próxima Asamblea, que deberá instalarse el 14 de mayo, la que deberá elaborar y debatir un nuevo proyecto de ley sobre esta materia.
El Parlamento aprobó, con 107 votos afirmativos, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, para Prevenir y Combatir la Violencia Sexual Digital y Fortalecer la Lucha contra los Delitos Informáticos, que busca sancionar los nuevos tipos de violencia que surgen en el entorno digital y que permita combatir la ciberdelincuencia.
Para la AEDEP, el proyecto de ley “no fue debatido de manera oportuna, contiene consistencias que, de aprobarse, propiciaría una serie de problemas y se atentaría a la libertad de expresión”.
En la comunicación, la AEDEP sugiere que el presidente Lenin Moreno “debe posibilitar que el presidente electo, Guillermo Lasso, trabaje con la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley de Violencia Digital en donde se contemple la protección a las víctimas del acoso digital, sin dejar de lado el derecho a la libertad de expresión”.
Según agrega, el proyecto de ley fu tramitado a última hora por los asambleístas que están a punto de terminar su período de funciones. Este apresuramiento ocasiona que se contemplen sanciones absurdas como prisión de 1 a 3 años por la publicación de información en las nuevas plataformas de información, utilizadas a través de internet.
La reforma legal aprobada modifica el Código Orgánico Integral Penal, cuyo artículo 178, sobre violación a la intimidad, sanciona con entre uno y tres años de prisión a la persona que grabe, revele, difunda o publique datos personales de terceros.
Según el presidente de Comisión de Justicia, José Serrano, el informe del proyecto fue construido junto a víctimas y expertos. Esta ley es para todos los ciudadanos y se espera que se constituya en una herramienta efectiva para prevenir la violencia sexual digital y combatirla desde las instancias judiciales, por lo que mocionó la aprobación del proyecto.
Sociedad Interamericana de Prensa cuestiona la ley
De igual manera, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, cuestionó la reforma aprobada por el parlamento ecuatoriano porque restringe la libertad de expresión y “criminaliza en forma agravada y desproporcionada algunas expresiones o acciones en el ámbito digital que están contempladas en los códigos Civil y Penal”.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que “preocupa que el nuevo estatuto pueda afectar a periodistas que, en el ejercicio de su trabajo, tienen que revelar información”. Canahuati añadió que “la generalidad de la ley permite que los periodistas puedan ser demandados por incurrir en el delito de violación de la intimidad, sin establecerse diferencias respecto de asuntos de interés público”.
“Lamentamos que con el argumento de defender los derechos humanos, se termine atacando la libertad de expresión”, expresó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del diario La Voz del Interior, de Argentina. “Da la impresión de que los legisladores no hicieron la tarea de consultar con expertos en materia de libertad de expresión y no revisaron la literatura profusa de la que dispone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en temas de libertad de expresión y de prensa en el ámbito digital, así como las relatorías de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH”.
En un pronunciamiento público, la SIP espera que el presidente Lenin Moreno pueda reconsiderarla desde esa óptica antes de promulgar la reforma aprobada por el parlamento.
Redaccion SIGNIS ALC
