Desde el 28 de abril en Colombia inició un paro cívico nacional con numerosas protestas en contra de la política económica que el gobierno de Iván Duque intentó a través de una reforma tributaria. Aún cuando el mandatario abortó este proyecto de ley, estudiantes, indígenas, maestros y sindicatos siguen en la calle en procura de reivindicar sus derechos.
En medio de las protestas pacíficas se han presentado conatos de violencia de grupos de criminales infiltrados que han aprovechado para robar y saquear. Además se han presentado incidentes de abuso policial hacia manifestantes. Todo esto ha tenido en una fuerte tensión a un país entero. El fantasma del odio ronda, mientras que en contrapeso millones de colombianos siguen apostando a la paz.
SIGNIS ALC ha recogido las voces desde diversos sectores sociales y eclesiales que se han solidarizado con toda Colombia en pos de buscar caminos que permitan disminuir la conflictividad para que gobierno y promotores del paro lleguen a acuerdos. Un común denominador: repudio total a la violencia venga de donde venga.
Avanzar en la reconciliación
Los primeros en pronunciarse fueron los obispos. Han reconocido que “la protesta pacífica es un derecho y una alternativa válida para lograr respuestas a las necesidades y reclamos sociales, y que, en el momento actual, el ejercicio de este derecho debe tener en cuenta la grave emergencia sanitaria que estamos viviendo por cuenta de la pandemia del Covid-19”.
De igual forma han expresado que la violencia no lleva a nada “el abuso de la fuerza y el caos social no solucionan nada, pues sólo traen consigo sufrimiento y muerte, especialmente a los más pobres”.
Hacen votos por una “imperante necesidad de avanzar hacia la reconciliación nacional y hacia la paz, con la participación y los esfuerzos de todos los ciudadanos, que es un camino arduo que requiere valentía y perseverancia”. Se han puesto a la orden del gobierno y comité del paro a ser mediadores de los acuerdos.
Convocar al diálogo
Otra organización que sumó su voz fue la de la Conferencia de Religiosos de Colombia, que “en unión con toda la vida religiosa presente en el país, expresamos nuestra cercanía y solidaridad con el pueblo colombiano, en estos días de marchas y protestas que lastimosamente se han visto empañadas por actos vandálicos, ajenos a su verdadero sentido”.
Se han mostrado cónsonos con el diálogo: “Nos unimos a quienes con sensatez y apertura de corazón invitan y convocan al diálogo y respaldamos todas las iniciativas que surjan en la vida religiosa para orar, discernir y profundizar la coyuntura social que vivimos”.
Asimismo han recordado que “estamos atravesando una emergencia sanitaria a causa de la pandemia”, por tanto “debemos ser responsables y poner nuestro grano de arena para enfrentar esta situación y salir adelante. Permitir la asistencia médica a quienes están en la lista de vacunación y a quienes requieren medicamentos, traslado o atención médica en cada una de las ciudades del país”.
Excesivo uso de la fuerza policial
La Organización de Estados Americanos (OEA) formuló una grave denuncia a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) frente al “elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales”.
De hecho han expresado su consternación ante “la existencia de al menos 11 denuncias de violencia sexual contra mujeres manifestantes, presuntamente cometidos por agentes de la fuerza pública”.
Al respecto recuerdan que “la violencia sexual comprende todas aquellas acciones de naturaleza sexual que se perpetran sin el consentimiento de una persona, desde la invasión física del cuerpo hasta las que no involucren contacto físico alguno”.
“La Comisión Interamericana también toma nota de la información sobre desmanes y actos vandálicos que han dejado al menos 676 personas policías heridas, Comandos de Atención Inmediata (CAI) atacados, y condena el incendio de uno de ellos en Bogotá con 14 agentes en el interior del mismo”, han señalado.
En efecto “la CIDH reprueba todo uso de violencia que atente contra la integridad y vida de las personas, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica”.
Más allá de la reforma tributaria
Por su parte el Foro Social Panamazónico (Fospa) ha ratificado el derecho a la protesta como un mecanismo ante “el desacuerdo contra la profundización de un modelo neoliberal que ha elevado el nivel de pobreza y desempleo, ha desfinanciado la educación pública, y pretende otras reformas en la salud, lo laboral y lo pensional”.
Por ello han condenado “la brutalidad y el uso desproporcionado de la fuerza pública por parte del gobierno de Iván Duque contra diferentes actores sociales, populares y políticos del país, que en el ejercicio de su derecho a la protesta expresan en las calles su inconformidad”.
“La protesta expresa también la indignación nacional frente al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en la Habana, la reactivación de la aspersión aérea del glifosato, entre otras problemáticas acumuladas y agrandadas durante esta pandemia”, agregaron.
Advierten que “estas políticas favorecen a los grupos de poder nacional y las grandes corporaciones transnacionales con presencia en el país” al tiempo que piden al gobierno “actuar en derecho y sin fomento de la impunidad”.
Redacción: Ángel Alberto Morillo, corresponsal de SIGNIS ALC en Colombia
