Bogotá, Colombia.- La Fundación para la libertad de Prensa, FLIP, expresó su preocupación por las deficiencias que tiene el proceso de evaluación de riesgo e implementación de medidas de protección a periodistas, de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por lo que hizo un llamado para que la UNP cree alternativas dirigidas a proteger y cuidar de manera efectiva a los y las periodistas. La demanda de la FLIP se propuso a raíz de un informe que publicó la Unidad Nacional de Protección en el que se expresa que se han reducido los tiempos de las evaluaciones de riesgo.
En el informe de diciembre de 2020 sobre el avance de la reingeniería, la UNP explica que se han reducido los tiempos de la realización de los estudios gracias a elementos como la “potencialización de los medios de comunicación (llamadas, reuniones virtuales, establecimiento de enlaces en las regiones), la realización de reuniones virtuales para realizar las actividades concernientes a la evaluación del riesgo y mayor disponibilidad y continuidad de tiempo de los analistas de riesgo para realizar las actividades”.
Sin embargo, en el último mes la FLIP ha recibido quejas de cuatro periodistas cuyos estudios de riesgo fueron realizados a finales del 2020. Estos reclamos están relacionados con el medio y la forma en las que se realizaron las entrevistas, la tardanza en el proceso de evaluación y notificación del resultado, y el rigor con el que se evalúa y custodia la información recolectada.
La UNP no ha actuado con proporcionalidad ante la situación de riesgo de los denunciantes. Tal es el caso de uno de los periodistas a quien se le asignó un chaleco y un celular después de reportar cuatro amenazas y un desplazamiento en solo un año. Por la insuficiencia y falta de idoneidad de las medidas, el reportero no ha podido seguir ejerciendo plenamente su labor periodística.
Los cuatro periodistas coinciden en que en ningún caso los y las analistas se trasladaron hasta los lugares en donde se origina la situación de riesgo y que todas las evaluaciones se hicieron vía telefónica. Esto dificulta una lectura comprensiva y precisa sobre el contexto en el que se encuentran los periodistas, pues son elementos determinantes para establecer el nivel de riesgo.
En dos casos, periodistas de Bogotá y Sucre mencionaron que les fue cambiado el/la analista de riesgo tres veces en los cuatro meses que tardó el estudio. Uno de ellos mencionó que tuvo que proporcionar la misma documentación en las tres ocasiones. Los periodistas manifiestan que las razones de los cambios de analistas no fueron explicadas debidamente y tampoco quedó clara la trazabilidad de la información aportada. A uno de los periodistas, incluso, se le compartió información de otra persona que también se encontraba en evaluación, un error sumamente grave que pone en riesgo a la persona evaluada y que deja muchas dudas sobre el manejo seguro de la información que obtiene la UNP.
Sumando a esto, la FLIP conoció un caso en el que una comunicadora tuvo que repetir hechos que ya conocía la Unidad, lo que revictimizó a la periodista. Además, esto no corresponde a la aplicación de un enfoque diferencial. En este caso, la persona que realizó la evaluación no contaba con el perfil necesario para realizar el estudio.
Según se publica en el sitio oficial de la FLIP, la Fundación ha solicitado en varias ocasiones de manera pública y privada que espacios como el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) sean más transparentes y den más espacio de veeduría a las organizaciones de la sociedad civil sobre la información que se tiene en cuenta para recomendar las medidas de protección.
Fuente: FLIP
