Monseñor Alfredo Vizcarra Mori*.- Estábamos reunidos en el auditorio de la Universidad de Cajamarca, en Jaén; era la víspera de la última audiencia (la 63ª) correspondiente a los alegatos por parte de los abogados de la defensa de los acusados (53, de los cuales 27 son miembros de las comunidades awajún-wampís).
Estábamos allí para ver el video “El banquillo de los inocentes” sobre el caso “Curva del diablo”. Todos sabíamos que era la víspera del final de este largo proceso (dos años y cinco meses para que se haga justicia), la sentencia debe dictarse, máximo, cinco días después de finalizados los alegatos.
Será porque la justicia tarda, pero… ¿llega?, al día siguiente, la audiencia se suspendió. Este proceso ha estado marcado por constantes interrupciones; siempre, por supuesto, por razones válidas. Pero, han pasado siete años desde que ocurrió esta tragedia de nuestra historia.
No nos hemos dado el espacio suficiente para asimilar en toda su complejidad lo sucedido. Después de la consternación, el único modo de abordar este desafortunado suceso ha sido un juicio. Claro, esto no puede quedar así, sin que se busquen a los responsables. ¿A quién se ha de juzgar? Ciertamente a las partes implicadas en el conflicto, o sea “los violentos” y los custodios del “orden”.
En el caso de la “Curva del diablo” hay 53 inculpados, todos civiles, es decir, “los violentos”, y ninguno de los encargados de mantener el “orden”. Sin embargo, en todo el conflicto hubo 33 muertos: 23 policías y 10 civiles. Entrar más a fondo en estas consideraciones, por más necesarias que ellas sean, nos hace perder de vista algo que es de mayor importancia y que, por lo tanto, debería estar muy presente en los resultados de los procesos (en total son 4 y estamos recién en el primero).
La barbaridad a la que llegamos, como peruanos, se debió a un enfrentamiento entre dos posiciones respecto del desarrollo de nuestro país. Enfrentamiento que, en vez de haberlo resuelto, nos hemos distraído en estos procesos. Mientras tanto, seguimos con la misma toma de posición discutiendo sobre, por ejemplo, cómo la Ley de Consulta Previa debe ser interpretada, de modo que no haga engorroso el trámite para la inversión de empresas extractivas, importante para el desarrollo del Perú. Es decir, lo que originó el Baguazo.
En cierta medida, seguimos actuando de manera inconsciente e irrespetuosa. Es que creemos que para resolver este problema basta con dejarlo todo en las manos de la justicia para que sancione a quien azuzó a los revoltosos, bloqueó la carretera, usurpó armas, disparó, etc. Dicho sea de paso, ninguna de las acusaciones a los inculpados ha sido demostrada en el juicio. Nos seguimos resistiendo a abordar en profundidad este conflicto desde el punto de vista de los Derechos de los Pueblos Indígenas o pueblos originarios.
Esto nos pondría ante la evidencia de que el Perú es un conglomerado de naciones que tienen su identidad propia, la cual les viene de su establecimiento e interacción, a lo largo de la historia, en y con un espacio geográfico vital determinado. Esto es muy complejo, pero supone reconocer la riqueza extraordinaria de cada pueblo, cada región, que tendría que ser vista como un aporte al desarrollo del conjunto del país.
Ver las cosas de esta manera hace que estemos dispuestos a dialogar; y diálogo significa entablar relación desde el reconocimiento del otro, como un “tú igual a mí”, y no desde una relación de subordinación del otro que debe someterse.
Decir que tenemos que pensar en el desarrollo del país es válido, pero no desde un sólo punto de vista (el de Lima). Si estamos en un régimen democrático no podemos ahorrarnos el esfuerzo de reconocer que cada región tiene sus potencialidades; que los pueblos que allí habitan, desde su saber y conocimiento de la biodiversidad, tienen algo que aportar a las perspectivas de desarrollo, sin que gravemos la Casa común.
Si este juicio es emblemático es porque aquí están en pugna, y no en diálogo, estas dos posturas. En el fondo, quien está en el banquillo, es el Perú respecto de nuestras maneras de mirarnos entre peruanos, porque estos 53 son inocentes (principio de presunción de inocencia) ¿Se hará verdaderamente justicia?
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*Obispo del Vicariato Apostólico de Jaén y presidente de la Asamblea del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
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