Fiscalía colombiana ordena prisión contra presunto coautor del asesinato de Guillermo Cano
Bogotá, Colombia.- Luego de 32 años de impunidad, el 27 de mayo último la Fiscalía 53 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jhon Jairo Velásquez Vásquez, como presunto coautor del delito de homicidio agravado del periodista Guillermo Cano Isaza. De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de la participación del señor Velásquez Vásquez en la reunión en la cual el Cartel de Medellín concertó el homicidio.
Por otro lado, la Fiscalía estableció que Gustavo Gutiérrez Arrubla presuntamente realizó labores de inteligencia, con el fin de identificar movimientos y rutinas del periodista Guillermo Cano Isaza, las cuales fueron determinantes para que el grupo de sicarios pudiese atentar contra la vida del periodista. En consecuencia, le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en la presentación periódica ante la justicia, la prohibición de salir del país, mantener una buena conducta, no establecer comunicación con las víctimas y constituir una caución de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza, ocurrió el 17 de diciembre de 1986, y desde entonces las investigaciones judiciales no avanzaban hasta la reciente decisión de la Fiscalía, que dispone prisión para el presunto coautor del asesinato.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Fundación Guillermo Cano (FGC) reconocieron “la importancia de la decisión adoptada”, no obstante consideran “que la misma es tardía y no conlleva a concluir que el Estado colombiano ha cumplido con la obligación de investigar, juzgar y sancionar esta grave violación a los derechos humanos. Esta es la primera decisión relevante que se profiere en contra de presuntos coautores del crimen, desde el 16 de enero de 2008, fecha en la cual se reanudó la investigación de los hechos con ocasión de la edición del diario El Espectador del 19 de diciembre de 2007”.
Agregan que resulta desconcertante que “la decisión adoptada tiene sustento en pruebas que, en su mayoría, fueron recaudadas durante los años 1993 y 1994. Esto muestra que la Fiscalía fue negligente en evacuar hipótesis de investigación presentes en el expediente hace más de dos décadas. Esto refuerza la necesidad de una observancia internacional, especialmente de la CIDH, sobre la responsabilidad del Estado en este caso.
Más detalles se pueden revisar en la publicación de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP
Fuente: FLIP
