Bogotá, Colombia.- Desde inicio de 2022, los enfrentamientos entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control territorial en Arauca, frontera con Venezuela, ha desatado una crisis humanitaria que no se veía por lo menos desde inicio de 2000.
A la fecha van más de 30 muertos, una explosión de un carro bomba, atentados contra instituciones públicas, secuestros, asesinatos selectivos, amenazas a líderes y miles de desplazados.
Frente a esta situación, Jaime Cristóbal Abril, obispo de Arauca, ha pedido soluciones integrales y, sobre todo, que “se debe respetar la dignidad de toda persona” y “dejar a la población civil por fuera de las confrontaciones y hostilidades, y que se exija en todo la aplicación del Derecho Internacional Humanitario”.
“A los actores directos del conflicto, nos permitimos pedirles que pasen de la recriminación mutua -que busca colocar en el otro al único responsable de los hechos y generar el pretexto para las acciones de respuesta- a una reflexión propia, al análisis sereno de los acontecimientos, a afrontar la verdad y clarificar los hechos, a parar el creciente torbellino de asesinatos, actos violentos y amenazas”, ha dicho.
Solicitudes puntuales
El obispo de Arauca considera “fundamental volver a ratificar que la vida es sagrada, recordando que es un don precioso recibido de Dios y que a nadie le está permitido arrebatar a otro”.
En este sentido, propone un diálogo abierto para “abrir caminos reales y concretos de superación de la actual situación”, si realmente “dicen representar y defender, especialmente a los más débiles de nuestra sociedad”.
Por ahora –prosigue Abril– “seguimos pidiendo claramente a las autoridades civiles que se empeñen en la protección de la vida e integridad de la población más afectada, así como a concretar los planes de contingencia y de ayuda humanitaria requeridos; recordando siempre que es necesario responder de manera integral a la situación que vive nuestra región”.
Por otra parte, solicita a la Comunidad Internacional a “seguir brindando acompañamiento y apoyo a la población civil y a sus estructuras organizativas”, mientras que a los miembros de las distintas estructuras organizativas, a los líderes sociales y a todas las personas en general pidió prudencia y “evitemos todo juicio temerario, acusación o señalamiento que pueda poner en riesgo la vida e integridad de cualquier persona”.
Restablecer relaciones diplomáticas
El conflicto de Arauca también ha afectado el estado de Apure en Venezuela, especialmente a las comunidades de la zona llamada La Gabarra, parroquia Guasdualito del municipio Paéz, que desde el 21 de enero está tomada por 50 hombres del ELN. Asimismo las comunidades El Amparo, Puerto Páez y Elorza sufren los rigores de esta guerra no convencional.
Al respecto, Mario Moronta, obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, también hizo un llamado al diálogo a los grupos armados: “En el nombre de Dios les pido que depongan las armas”.
Además ha asegurado que una arista de este conflicto está en la ruptura de relaciones diplomáticas y falta de comunicación entre el gobierno de Colombia con las autoridades venezolanas afines al régimen socialista.
“Hay que pedir humildad, tanto para el presidente de Colombia como para el de Venezuela, para que dejando tantas cosas que a lo mejor son importantes para ellos, piensen en el bien del pueblo. Ojalá que en la frontera un día puedan darse las manos para terminar de abrir caminos de paz”, añadió.
Por ahora, el conflicto continúa. Las Iglesias colombiana y venezolana siguen haciendo presencia en esta parte de la frontera para ayudar a los más necesitados y como bien afirma el obispo de Arauca: “Seguimos invitando a todos a no desfallecer en la oración, suplicando especialmente por el don de la paz”.
Ángel Alberto Morillo, corresponsal de SIGNIS ALC en Colombia
