Bogotá, Colombia.- Isabel Cristina Zuleta lleva el río Cauca en el pecho; en medio de sus tantas luchas, una de las más emblemáticas es la que ha encaminado para detener la megaobra de la hidroeléctrica de Ituango, en el departamento de Antioquia, la más grande de Colombia, que para la líder ambiental “es un proyecto criminal en el que desvela cómo la corrupción tiene alianza con el crimen organizado”.En cuanto a los problemas con este proyecto hidroeléctrico asegura que “son disputas entre intereses empresariales”, tan sencillo como que “no veo ninguna diferencia entre la actual administración y las anteriores” incluso “son más de lo mismo: las mismas humillaciones, el mismo abandono”. Mientras las poblaciones vulnerables de las riberas del Cauca siguen desprotegidas, “nada se resuelve, vemos una política del espectáculo sin soluciones a los problemas reales”.Movimiento Ríos Vivos
Isabel, junto a varios líderes de la región, creó el Movimiento Ríos Vivos, con el cual acompaña a las víctimas de los estragos de Hidroituango en las diversas subregiones de Antioquia como también han salido al paso a proyectos como Hidroespiritusanto, megaproyectos mineros, entre otros. En 2019 fue merecedora del Premio a la Defensa de los Derechos Humanos, una distinción que las organizaciones no gubernamentales Diakonia y Act Iglesia Sueca otorga a líderes sociales, periodistas y ambientalistas.
No en balde, su resistencia frente a las injusticias la ha llevado a ser escuchada en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea. Los frutos han llegado desgranados al punto que órganos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medida cautelar en zonas donde posiblemente hay fosas comunes en Ituango, todo gracias a las denuncias de esta líder.
Un proyecto de muerte
Zuleta insiste que las consecuencias sobre las poblaciones ribereñas que ha traído Hidroituango “no son colaterales”, al contrario “hay un daño dirigido hacia una población humilde, hacia un ecosistema, con montañas en la cordillera central y occidental en formación con la fragilidad que esto implica” y además “con alto movimiento sísmico, con más de 7 fallas geológicas solo en el área de intervención”.
Por tanto “para nosotros es un proyecto de muerte que demuestra la criminalidad que se vive en Colombia y, en este caso, deja en evidencia lo que son empresas como la Empresa Pública de Medellín (EPM) y la voracidad de los grupos empresariales en Antioquia que ponen sus intereses económicos por encima de la vida”.
Líderes sociales, indígenas y ambientales
Sobre el contexto sociopolítico actual ha asegurado que el asesinato a líderes sociales, indígenas y ambientales es atávico: “Nosotros hemos tenido unas oleadas de violencia con las mismas características que hoy quedan claramente desveladas como, por ejemplo, la emblemática muerte del líder indígena Kimy Pernía Domicó, asesinado por los paramilitares”.
De hecho, Isabel recuerda las lamentables confesiones de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, quien a la postre confirmó cómo mandó a matar al indígena embera katío, en 2001, solo para callar a una comunidad que exigía sus derechos. “Esto es el vivo ejemplo de lo que ocurre por todo el país, el asesinato a líderes y lideresas busca acabar con las posibilidades del pueblo organizado”, porque “los empresarios, sobre todo los que tienen intereses sobre la riqueza de los ecosistemas, ven en los líderes un gran obstáculo para sus ambiciones desmedidas”.
En cuanto al venidero debate en el Congreso de la República sobre el acuerdo de Escazú, con el que se reglamentaría una ley ambiental, no le da mucho mérito, puesto que “Colombia no cumple su propia normatividad, no hay manera de que lo haga ni siquiera con simples decisiones judiciales”, por lo que de nada vale “crear normas por crearlas, cuando no hay una institucionalidad con la fuerza y legitimidad necesarias”, por ello “nos deja la duda” por ahora “eso es un ideal”.
Acabar el discurso del odio
Para la ambientalista el Gobierno debe al menos comenzar por lo básico: el respeto a la vida, que “no nos amenacen, que no nos persigan, que no nos maten, que no usen el derecho penal en contra nuestra” y que “el propio Estado sea el que acabe con el discurso del odio y estigmatización”.
Se hace urgente –señala Isabel Cristina– desmontar esa construcción negativa del que piensa distinto precisamente “eso es lo que tiene en riesgo mi vida y el de todos los integrantes del Movimiento Rios Vivos como la de todos los ambientalistas de este país”. Son un coro de voces que juntas claman a las orillas del río Cauca.
Redacción: Ángel Alberto Morillo, corresponsal de SIGNIS ALC en Colombia.
