Caracas, Venezuela.- La Comisión de Justicia y Paz, de la Conferencia Episcopal de Venezuela, pidió “al gobierno nacional a cesar la represión violenta contra los ciudadanos, acciones que se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país”. A través de un comunicado público, demandó que los “hechos punibles que se investiguen, deben determinarse siguiendo los canales propios del proceso penal llevado por los Tribunales competentes que impliquen la existencia del delito y su tipificación, condiciones indispensables para determinar las responsabilidades y culpabilidades consiguientes”.
Tras la explosión durante un acto oficial, que fue considerado por las autoridades como un atentado contra el presidente Nicolás Maduro, la Comisión de Justicia y Paz cuestionó las detenciones “a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos en base a indicios o presunciones de la responsabilidad penal” que no deben conllevar “a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas, supuestos que atentan a todo evento contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos”.
A continuación el texto íntegro del comunicado de la Comisión Justicia y Paz de Venezuela
“Nadie puede ser privado de la dignidad”
Papa Francisco
COMUNICADO:
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela, consciente del momento crítico que vive nuestro país y tomando en cuenta muy especialmente la situación generada por el presunto atentado contra el mandatario Nicolás Maduro el pasado día 4 de agosto, considera lo siguiente:
1) Los hechos punibles que se investiguen, deben determinarse siguiendo los canales propios del proceso penal llevado por los Tribunales competentes que impliquen la existencia del delito y su tipificación, condiciones indispensables para determinar las responsabilidades y culpabilidades consiguientes.
2) Las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos en base a indicios o presunciones de la responsabilidad penal, no conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas, supuestos que atentan a todo evento contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos.
3) El Consejo Moral Republicano, conformado por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República de acuerdo a sus competencias y atribuciones constitucionales están en la obligación de velar por el efectivo respeto y garantías de los Derechos Humanos, investigando de oficio las denuncias que conozcan, amparar y proteger los intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra las arbitrariedades y desviaciones de poder, interponiendo las acciones necesarias, que conduzcan a determinar la responsabilidad de los funcionarios de cualquier instancia que vulnere los Derechos Humanos.
Vistas estas consideraciones, esta Comisión de Justicia y Paz con base al Evangelio, el magisterio de la Iglesia y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, insta al gobierno nacional a cesar la represión violenta contra los ciudadanos, acciones que se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país. Así mismo, recuerda al Consejo Moral Republicano la obligación de proteger los Derechos Humanos de los ciudadanos y a investigar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que vulneren estos derechos.
Invitamos a todos los grupos y vicarias de DDHH a estar atento de violaciones de derechos humanos, sistematizar todas las acciones y denunciar en las instituciones rectoras todo acto que viole el debido proceso.
Mantengámonos en oración permanente y que el Señor nos conceda el Don de la paz y de la concordia.
Es justicia en la ciudad de Caracas a los 9 días del mes de agosto de 2018
Mons. Roberto Luckert
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz
Pbro. Saúl Ron Braasch
Vicario General de Justicia y Paz
