La minería y sus impactos en la Amazonía brasileña

Por Dom Vicente de Paula Ferreira*

El siglo XXI está marcado por una profundización de la reprimarización de nuestra economía, en la producción de commodities agrícolas y minerales. Resultado de la política neoliberal adoptada en toda América Latina a fines de la década de 1980 y durante toda la década de 1990. Período de destrucción de parques industriales y retirada de la participación del Estado en sectores estratégicos de nuestra economía, así como de pérdida de derechos sociales, laborales y seguridad Social.

Falta de control ambiental

La extracción de minerales en el país se enmarca en este contexto general de apertura de minas, flexibilización de la legislación ambiental y minera, vinculada al desmantelamiento de los órganos de vigilancia y control del sector. Esto facilitó la expansión y el crecimiento drástico de esta actividad en la década del 2000. Una de las consecuencias de la crisis mundial de 2008 fue la alta inversión de capitales ligados a la minería, principalmente en la cadena del oro y el hierro. También hubo un alza en los precios, provocada por la demanda china. En consecuencia, se ha incrementado los conflictos territoriales, accidentes laborales, delitos ambientales, contaminaciones de diversa índole, rupturas y/o fugas de embalses y en especial la evasión de divisas que comete el sector minero.

A partir del Golpe de Estado de 2016, hubo una profundización de los conflictos que involucran la minería en el país, precisamente por la decisión política del Estado brasileño de incentivar la apertura de nuevas minas, reducir el valor y la cantidad de las multas aplicadas a las empresas mineras y, principalmente, el estímulo a las invasiones de territorios protegidos (Tierras Indígenas, Unidades de Conservación, Quilombos, Parques y Bosques Nacionales, entre otros) para actividades de prospección. Desde la campaña electoral, Jair Bolsonaro prometió que no demarcaría otras tierras indígenas y quilombola, siendo el foco en la exploración minera en estos territorios.

Un gobierno que promueve la destrucción ambiental

Verbalizó, el 10 de octubre de 2019, que “el interés de la Amazonía no está en el indio, ni en el árbol. ¡Está en la minería! […] ¿Cómo puede un país rico como el nuestro, que tiene toda la tabla periódica bajo tierra, seguir viéndolos a ustedes sufrir aquí? Y, lamentablemente, construyó su política de gobierno para el avance de la minería en estos territorios. Según datos publicados en septiembre de 2022 por MapBiomas, desde 2019 es la primera vez que el área minada es mayor que la minería industrial, con más del 91% de esta área concentrada en la Amazonía brasileña.

Esta concentración fue posible gracias a los recortes presupuestarios del Ibama y del ICMBio, así como a la desarticulación de los órganos de combate y fiscalización. El presupuesto liberado para la fiscalización de la deforestación en 2019 fue de 102 millones de reales y aún sufrió un bloqueo de 15,6 millones. En 2020, el recurso fue aún menor: según el Proyecto de Ley de Presupuesto (PLOA), aprobado, 76,8 millones fueron destinados a las acciones de control y fiscalización ambiental del Ibama. Esto significó 25,2 millones de reales menos.

Conflictos que ocasionaron muerte

Otro resultado de esta política adoptada por el gobierno de Jair Bolsonaro fue la cantidad de conflictos que provocaron la muerte de pueblos indígenas. El informe “Conflitos no Campo Brasil 2021”, publicado en abril de 2022 por la Comisión de Pastoral de la Tierra (CPT), mostró que la minería ilegal fue el principal factor de violencia en el campo en 2021. Estos conflictos causaron el 92% de las muertes por conflictos registradas por la CPT.

También es importante resaltar que en 2019 el fenómeno que hizo que “el día se volviera noche” no fue un mero cambio climático o la rotación de la tierra que había provocado un eclipse, sino la libertad y celebración por la Flexibilización de la Legislación Ambiental realizada por el Gobierno Federal. Y en forma de apoyo, los hacendados celebraron el “Día del Fuego”. Un año después, nuestra Conferencia Episcopal publicó el “mensaje sobre los incendios en territorio brasileño”, en el que señaló que “Esta agresión contra la Casa Común resultó, en los años 2019 y 2020, en récords en el número de focos de incendios en el Cerrado (50.524 y 41.674), en el Pantanal (6.052 y 15.973) y en la Amazonía (66.749 y 71.499), totalizando, según datos del INPE, 123.325 brotes en 2019 y 129.146 al 20 de septiembre de 2020, correspondientes a un aumento de 5.821, destruyendo gran parte de la biodiversidad en estos biomas, amenazando a los pueblos indígenas y tradicionales”, en beneficio de empresas mineras, madereras y agroindustriales.

Vemos que no solo la minería y los incendios generan conflictos en la Amazonía. La minería industrial (“legal”) es responsable de varios conflictos socioambientales que ocurren en la región amazónica. La minería industrial (“legal”) es responsable de varios conflictos socioambientales que ocurren en la región. El proyecto grande Carajás, de la minera Vale, fue responsable directo del colapso del sistema de salud pública en Parauapebas, por no haber paralizado sus actividades al inicio de la Pandemia de la Covid-19. Hydro Alunorte fue responsable por la fuga de metales pesados ​​(plomo, sodio, nitrato y aluminio) en Barcarena, también en el estado de Pará, que también se descubrieron dos oleoductos ilegales donde se vertían estos relaves a los arroyos. Lamentablemente estos casos no son la excepción de los problemas sociales y ambientales que genera la minería “legal” en la región.

* Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Belo Horizonte (Brasil)