Chile.- La huelga de hambre que mantienen desde hace 111 días en Chile cuatro activistas mapuches desde prisión, ha desencadenado una movilización mundial.

 

En este país, cada día se organizan nuevas protestas que, sin embargo, son duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad.

 

Como muestra, el pasado 25 de septiembre, al menos 30 personas fueron detenidas en la ciudad de Concepción luego de que estas intentaran sumarse a los parientes de los detenidos que ocupaban la Catedral de esa ciudad, desde el día 21.

 

Una situación similar se vivió el 26 en Santiago, donde se apresó a otras 10 personas que cortaron el tránsito e instalaron barricadas, en las inmediaciones de la Plaza Italia.

 

El respaldo por parte de varias organizaciones internacionales tampoco se ha hecho esperar, luego de que el pueblo mapuche hiciera un llamado a través de los medios de comunicación.

 

Mientras que algunos ciudadanos canadienses anunciaron que llevarían a cabo una manifestación de apoyo el pasado 25 de septiembre, en México los indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional han presentado su solidaridad, al igual que la Articulación Ecuménica Latinoamericana de Pastoral Indígena (AELAPI).

 

Organizaciones como Amnistía Internacional tampoco se han quedado atrás. Hace pocos días, la entidad emprendió una campaña en redes sociales en la que solicita firmas de respaldo para que se retiren los cargos a los imputados.

 

El origen de la situación

 

Todo comenzó el pasado el 10 de junio de 2016,  cuando Alfredo Tralcal Coche y los hermanos Benito Trangol Galindo, Pablo Trangol Galindo y Ariel Trangol Galindo -todos pertenecientes a la comunidad mapuche-, fueron apresados. Los comuneros fueron acusados de quemar una iglesia evangélica ese mismo mes, en el sector rural Padre Las Casas, en la región de Araucanía.

 

La polémica radica en que, para las detenciones, se aplicó la ley antiterrorista, normativa que, según varios expertos, vulnera el debido proceso, al permitir una detención preventiva prolongada, el uso de testigos “sin rostro”, además  de aumentar al doble las condenas.

 

A fin de que se desechen los cargos de terrorismo, los imputados decidieron iniciar una huelga de hambre, medida que, sin embargo, no ha tenido efecto hasta el momento.

 

Pese a que han perdido entre 15 y 22 kilogramos y los médicos han reiterado que su salud es crítica, el intendente subrogante de La Araucanía, Ricardo Chancerel, sostiene que la ley “no puede ser negociable”.

 

En una ocasión, Ariel Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo incluso recibieron prisión domiciliaria. Sin embargo, la decisión fue revocada pocos días después, en virtud de la supuesta gravedad del delito.

 

Lejos de darse por vencidos, los acusados, que cumplen prisión en la cárcel de la ciudad de Temuco, anunciaron la radicalización de la medida. Como muestra, el pasado 25 de septiembre, Benito Trangol Galindo inició una huelga de hambre “seca” —en la que ni siquiera se ingieren líquidos—, en un esfuerzo por presionar a las autoridades.

 

“Si bajaran la huelga, esto quedaría en nada”, explicó Cristian Tralcal, hijo de uno de huelguistas, al trasmitir la decisión del grupo de seguir con el ayuno hasta las últimas consecuencias. “No depondrán la medida hasta que se les garantice un debido proceso y no sean juzgados por la ley antiterrorista”, agregó en declaraciones a la radioemisora ADN.

Ley en entredicho

 

Una de las principales críticas que se hace  a la ley antiterrorista es que sería una herencia, con algunas modificaciones, de la legislación promulgada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en los años ochenta, y que fue utilizada para reprimir las protestas contra su régimen.

 

Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional son solo algunas de las organizaciones que han solicitado su revisión a lo largo de los años, aduciendo que se ha utilizado casi exclusivamente para contrarrestar las movilizaciones del pueblo mapuche, que “frecuentemente protesta por su derecho a la tierra en la región chilena de la Araucanía”.

 

“Los mecanismos internacionales de derechos humanos han determinado que la definición de “delitos de terrorismo” debe limitarse exclusivamente a las actividades relacionadas con el uso de violencia mortal o grave contra civiles, y que la detención preventiva prolongada debe ser una excepción, no la norma, para no violar la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, reitera Amnistía Internacional, en un comunicado.

 

Quiénes son los mapuches

El pueblo mapuche es un grupo originario americano que habita en el sur de Chile y el suroeste de Argentina, y que lucha en defensa de sus tierras ancestrales desde hace muchos años. Si bien el Estado chileno reconoce la existencia de sus territorios, estos se han ido reduciendo progresivamente. Esto ha  recrudecido las tensiones en regiones como la Araucanía, donde los mapuches siguen reclamando la propiedad de su territorio y el respeto de su identidad cultural.

 

Fuentes: Fides, Avispa Midia, Amnistía Internacional, Deutsche Welle, BioBioChile.cl